La aprobación definitiva, una vez rechazadas las reclamaciones formuladas, de la Cuenta General del Ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Torremolinos ha marcado buena parte del desarrollo de la sesión plenaria de la Corporación celebrada hoy en la que, entre otros asuntos, la mayoría que sustenta el Gobierno municipal también ha aprobado sendas mociones a través de las cuales se insta nuevamente a la Junta de Andalucía, por un lado, a la realización de “actuaciones urgentes de limpieza y corrección de elementos de conservación de los arroyos del municipio” y, por otro, al “cumplimiento de sus obligaciones de pago y saldar su deuda con el Ayuntamiento de Torremolinos”, específicamente en este caso en lo que respecta al servicio de Dependencia.
Como era de esperar, el debate que tuvo como argumento la Cuenta General de 2013 fue especialmente amplio e intenso. La oposición no escatimó calificativos negativos hacia la misma, como expresión de la gestión del Gobierno municipal. Así, la portavoz de IU, Begoña Romero, se refirió a esas cuentas como “improbables”, mientras que Francisco Javier Pérez, del PSOE, aún fue más allá y habló de “arbitrariedad, despilfarro y oscurantismo”.
Fueron, en definitiva, los argumentos ya conocidos de los debates precedentes sobre el mismo asunto, frente a los cuales el portavoz del Grupo Municipal del PP, Ramón del Cid, hizo hincapié del escaso peso de las aludidas críticas frente a los sucesivos pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, cuyos informes avalan la corrección de las cuentas municipales de Torremolinos.
En este aspecto, entre otros, hizo hincapié el alcalde, Pedro Fernández Montes, quien respondió a la oposición que “cada año insisten en apuntar posibles irregularidades y cada año la Cámara de Cuentas, en la que por cierto no tiene mayoría el PP, no pone ningún reparo en la fiscalización de nuestras cuentas”.
Asimismo, en respuesta a las intervenciones anteriores, el primer edil también recordó que “hablan de oscurantismo pero –recordó- han acudido tres veces a los tribunales por este motivo y siempre les han quitado la razón…”.
El alcalde insistió también en la escasa dedicación de los concejales de la oposición a analizar con detalle toda la documentación puesta a su disposición para fiscalizar la Cuenta General, pese a los 23 días de que dispusieron de esa documentación, y advirtió de que “lo que no vamos a hacer es que los funcionarios se pongan a trabajar para ustedes…”.
En este contexto, Pedro Fernández Montes rechazó también las críticas al coste del funcionamiento del Palacio de Congresos, retando a la oposición a presentar una moción planteando su cierre, si así lo consideran, aunque ya adelantó que seguramente esa noticia “no agradaría mucho al sector turístico del municipio…”
El Pleno, con los votos favorables exclusivamente del grupo mayoritario, aprobó también desestimar las alegaciones, y por tanto aprobar definitivamente, planteadas a la Ordenanza número 61, Reguladora del Precio Público por la celebración de las Bodas Civiles en dependencias municipales, así como la desestimación de alegaciones y también aprobación definitiva de la Ordenanza número 36, Reguladora del Precio Público por la utilización de los Ascensores Municipales del Bajondillo, asunto éste en el que volvió a plantearse un intenso debate con la asociación AMIFTO como centro.
Mientras Félix Martín (IU) volvió a poner en serias dudas el correcto normal funcionamiento de ese colectivo, al que reclamó una “mayor transparencia en la gestión de los ingresos procedentes del uso del ascensor”, el alcalde recordó que, debido a la actitud mantenida en este asunto por la oposición municipal, “los discapacitados del municipio han estado cobrando menos este año, con el consiguiente daño social a este colectivo”.
Aunque IU se abstuvo en la votación, pocas diferencias hubieron en el debate sobre la solicitud de autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento de refinanciación planteadas por el Equipo de Gobierno. Probablemente esa casi unanimidad (PP y PSOE votaron a favor) se debió al hecho de que la buena gestión realizada para la ejecución de estas operaciones supondrá a la postre un ahorro financiero al Ayuntamiento de 1.150.497,67 y 222.624,07 euros, respectivamente, en las operaciones que tendrán como protagonistas al Banco Popular, por un importe de 4.111.730,74, y Cajamar, por un importe de 10.166.495,92 euros, ambas con plazo de amortización de prácticamente 8 años y, en todo caso, en condiciones excelentes para los intereses municipales.
Por último, entre otros asuntos, el Pleno aprobó también el nombramiento de Grupo de Auditores Públicos S.A. para que lleve a cabo las correspondientes auditorías de la “Sociedad Anónima Municipal de Servicios de Torremolinos” (SAMSET) y “Limpieza de Torremolinos S.A.” (LITOSA).
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