Las peticiones a la Junta de Andalucía para que cumpla sus compromisos o, simplemente, asuma de forma efectiva el cumplimiento de sus competencias en varias facetas han marcado el desarrollo de la sesión plenaria de hoy en el Ayuntamiento de Torremolinos, cuyo normal desarrollo se vio truncado por el abandono de los miembros del Grupo Municipal del PSOE, en solidaridad con su edil Jesús Salvador Díaz Jiménez, expulsado del Salón por el alcalde tras ser advertido reiteradamente de que no se encontraba en el uso de la palabra.
La concejala de Educación, Encarnación Navarro Rico, fue la encargada de proceder a la lectura de una moción del Grupo Municipal del PP a través de la cual se insta a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía a realizar una nueva ampliación de 3 ó 4 líneas, tanto en el 2º Ciclo de Infantil como en Educación Primaria, en el centro “Mar Argentea”, a fin de dar respuesta a las evidentes necesidades existentes.
En el contexto de este debate se recordó que el Ayuntamiento cedió más de 3.000 metros cuadrados para una primera ampliación, de los que solo se utilizaron 900 metros, por lo que el Equipo de Gobierno dejó clara su plena disposición a que los metros sobrantes (2.847) sean aprovechados precisamente para proceder a las nuevas ampliaciones demandadas.
En este punto la oposición acusó al Equipo de Gobierno de “falta de planificación” en materia educativa, lo que motivó la inmediata respuesta del alcalde, quien, tras significar la casi rocambolesca posición de IU con tal de evitar el reconocimiento real de la responsabilidad de la Junta de Andalucía en lo que respecta al ámbito educativo, insistió en la justa reivindicación de dotar de más plazas educativas al municipio, reprochando el interés de los grupos de la oposición por, pidiendo datos al Ayuntamiento, “enmarañar la única realidad de que la competencia y responsabilidad en este asunto es de la Junta de Andalucía”.
Tras la aprobación de las Fiestas Locales para 2015, que serán el 16 de Julio, “Día del Carmen”, y el 29 de septiembre, Festividad de San Miguel Arcángel, Patrón de Torremolinos, también la Junta de Andalucía fue protagonista del siguiente punto, una segunda moción en la que el portavoz del PP, Ramón del Cid, reivindicaba al Gobierno autonómico el cumplimiento efectivo de la Ley en lo referente a la ejecución del Plan de Cooperación Municipal aprobado en los Presupuestos, que supondría un ingreso para las arcas municipales de Torremolinos de 900.000 euros, pendientes de abono.
Se suscitó entonces un intenso debate político sobre la “sensibilidad reivindicativa” de los grupos cuando se trata de cada una de las administraciones, dependiendo del color político de los respectivos gobiernos, y en este contexto el alcalde recordó que la supuesta “incongruencia” del Gobierno del Partido Popular respecto a sus promesas electorales se debió en su momento a la nefasta herencia del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, “que ocultó la crisis durante tres años” y aclaró que, pese a ello, el actual Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha recortado los Fondos de Nivelación, lamentando también que “desde el PSOE, aquí en el Ayuntamiento, ustedes carezcan de ’pantalones’ políticos para haber pedido en su momento la retirada y el cambio de una Ley que ahora la Junta de Andalucía es incapaz de cumplir, con el consiguiente daño para los intereses de Torremolinos, que sigue esperando recibir los fondos comprometidos en esa misma Ley”.
Finalmente, IU prefirió abstenerse en la votación de esta moción, aprobada con los votos del Grupo Municipal del PP.
Asimismo, durante el Pleno, el Equipo de Gobierno, a través de la concejala de Urbanismo, que planteó la moción, requirió a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía las actuaciones urgentes necesarias de limpieza y corrección de elementos de conservación de los arroyos, a fin de evitar riesgos ante posibles lluvias torrenciales y las consiguientes posibles inundaciones en las zonas cercanas a dichos arroyos.
De nuevo la delimitación exacta de las responsabilidades de cada administración en este asunto animaron el debate, en el que Félix Martín (IU) volvió a acusar al Gobierno municipal de falta de planificación, mientras el portavoz socialista, José Ortiz, argumentaba falta de documentación antes de, finalmente, apoyar esta moción, en la IU optó nuevamente por abstenerse para evitar con ello tener que reconocer lo que, al final, resumió el alcalde en “roman paladino”: que el Gobierno de Andalucía persiste sistemáticamente en poner trabas al desarrollo urbanístico del municipio, y concretamente a un instrumento de desarrollo y de obtención de riqueza como es el Plan general de Ordenación Urbana (PGOU).
En otro apartado, el Pleno rechazó las alegaciones planteadas, con la consiguiente aprobación definitiva, a la Ordenanza Fiscal número 60, Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento especial de la Vía Pública con Toldos e Instalaciones Semejantes.
Un asunto cuyo debate se amplió a la situación real del comercio en el municipio y que, considerado por el alcalde como “argumento para intoxicar políticamente” por parte del PSOE, perdió fuelle desde el momento en el que el primer edil aportó datos irrefutables sobre la supuesta oposición ciudadana a esta medida: de las 272 firmas recogidas contra la Ordenanza, el 56 por ciento de los titulares de las mismas no son vecinos empadronados y de los alegantes, sólo seis de ellos son realmente titulares de toldos anclados y, por tanto, afectados directamente por la aplicación de la norma, desmontando con ello la supuesta rotunda oposición ciudadana a la medida, sobre todo, además, teniendo en cuenta que, según afirmó Pedro Fernández Montes, “lo que hemos pretendido en todo momento es tener que aplicar la sanción de entre 600 y 3.000 euros a quienes ya cuentan con instalaciones de este tipo fuera de la regulación, y a quienes además habría que derribar los toldos, con el consiguiente perjuicio”.
Polémico ascensor
Lo que en principio se presumía como un asunto de puro trámite, se convirtió precisamente en un debate polémico, sobre todo porque se saldó con la expulsión de la sesión del concejal socialista Jesús Salvador Díaz Jiménez, a quien el alcalde apercibió hasta cuatro veces para que no interviniese sin el oportuno permiso.
Se debatía sobre un Decreto que a la postre suponía un aumento de 0,30 euros a 0,50 euros del precio por el uso del ascensor del Bajondillo.
Siendo la organización AMIFTO la que gestiona el servicio de este ascensor público, la discusión fue derivando hacia diversos aspectos, hasta que el alcalde, Pedro Fernández Montes, se vio en la obligación de recordar que fue precisamente él quien quiso contribuir en su momento a la mejora de las condiciones de vida de las personas con alguna minusvalía, por lo que favoreció la creación de esta organización (AMIFTO), dedicada a la prestación de determinados servicios y, a la vez, contribuir con ello a que los propios miembros de AMIFTO, además de obtener algunos recursos económicos, pudieran sentirse más integrados en la sociedad.
El caso es que, en ese contexto, cuando el alcalde pretendía explicar que, en muchos casos, estas personas habían podido ser o sentirse un problema o un estorbo en sus respectivos ámbitos familiares o en la propia sociedad, el concejal socialista Jesús Salvador Díaz quiso entender que el primer edil insultaba a los minusválidos agrupados en AMIFTO, recriminando en voz alta el uso del término “estorbo”, y ello pese a que el alcalde le intentaba explicar que en ningún caso atribuyó tal término para describir a dichas personas.
Por mero interés político o quizás por una torpe interpretación de la descripción que hacía el alcalde de la situación de esas personas, lo cierto es que el edil socialista replicó reiteradamente a las peticiones de silencio de Pedro Fernández Montes, quien finalmente se vio obligado a expulsarlo, lo que motivó, tras alguna que otra duda, que también sus compañeros del Grupo Municipal abandonaran el Salón de Plenos.
Fue quizás la nota desagradable de un Pleno que, ya solo con IU en los bancos de la oposición, se prolongó solo algunos minutos más, con ruegos y preguntas que, según explicó el alcalde, serán respondidas a los interpelantes por escrito.
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