Lo que se ha destruido, difícilmente se puede recuperar. La pérdida es irreparable, pero sí se puede y debe juzgar a lo responsables. En ello están con el segundo expolio del yacimiento arqueológico del Seminario.
La instrucción de unos hechos que tuvieron lugar en abril del pasado año ya ha finalizado. La Fiscalía ya ha entregado su escrito de acusación, en el que interesa la apertura de juicio oral por lo Penal y enumera las peticiones de penas para los ocho acusados: seis responsables de puestos del mercadillo de la capital onubense, el administrador de la empresa que removió la tierra en las parcelas afectadas y el trabajador que ejecutó ese trabajo.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Viva Huelva, el fiscal pide una pena de 21 años de cárcel para cada acusado por la presunta comisión de un delito de daños contra el patrimonio histórico y una indemnización conjunta de 216.040 euros a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por los daños en el patrimonio.
Según el relato de los hechos que expone el fiscal, uno de los acusados, en nombre de otros cinco, todos ellos concesionarios municipales de puestos-parcelas para la venta ambulante en el mercadillo de la capital, sito en la zona conocida como Santa Marta- El Seminario, encargó a otro de los acusados, como representante y administrador de una empresa, la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las citadas parcelas con el fin de ampliar la superficie de las mismas y sobre todo poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello.
Estos movimientos de tierra han supuesto “la pérdida irreparable de información histórica en al menos 145,79 m2 en la parcela 7.7 (municipal) y en 16,65 m2 de la parcela 1.11 (de la Junta)”.
Las obras, para las que este último acusado no solicitó los permisos ni licencias preceptivas, fueron materialmente ejecutadas entre los días 7 y 14 de abril del pasado año por otro de los acusados que, como empleado de la empresa y utilizando maquinaria pesada, afectó a dos parcelas, una de titularidad municipal y otra de la Junta de Andalucía, “sabiendo que no estaban autorizadas las obras y afectando en la primera a unos 43 metros cuadrados con un rebaje medio del terreno de dos metros y en la otra unos 306 metros cuadrados con un rebaje de 1,5”.
Las parcelas afectadas, sitas en el Plan Parcial 8 del PGOU de Huelva, están inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz e incluidas en el Sector B-3 Santa Marta-La Orden, Zona Arqueológica de Huelva declarada BIC por Orden del 29 de marzo de 2007.
Sobre esto, el fiscal recuerda que “los acusados eran conocedores de la protección de la zona, no sólo porque desde hacia tiempo el Ayuntamiento negociaba con ellos su traslado, sino porque en enero de 2016 se había producido otro expolio en una zona cercana cuya repercusión pública y mediática fue notoria”.
En los últimos 50 años se han hallado en la zona dos necrópolis y un poblado tardorromano, una estructura adscribible a época islámica y ya en 2005 varias necrópolis neolítica, calcolítica, de la Edad del Bronce, tardorromana y medieval islámica con un poblamiento continuado desde al menos 5.000 años, lo que motivó aumentar la zona protegida a todo el Plan Parcial.
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