La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha exigido este martes desde la frontera de Ceuta a la Administración española que busque, con el apoyo de las instituciones europeas, una "solución" en conversación con las autoridades marroquíes para la "guerra política" que a su juicio da una situación "desoladora" del paso del Tarajal.
Rodeada por cientos de porteadores del Reino alauita, Gracia ha recordado en declaraciones a los periodistas que la misión de la Policía Nacional en la frontera "tiene que ser única y exclusivamente de control documental". "Somos veladores de la legislación de Extranjería y no debemos estar para regular el orden público como si de un servicio de seguridad privada se tratara", ha denunciado.
La sindicalista, que ha visitado las instalaciones fronterizas del Tarajal y los vecinos polígonos comerciales donde varias decenas de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tienen el cometido de ordenar e intentar evitar incidentes entre los miles de porteadores marroquíes que acceden a Ceuta, ha lamentado que "esto no lo entiende nadie".
El SUP ha criticado que los policías se ven "en medio de una guerra política" que debería ser considerada "una cuestión de Estado, europea en realidad", que, desde su punto de vista, "deberían atajar los partidos políticos con más voluntad en conversación con las autoridades marroquíes".
Gracia ha denunciado que la Policía Nacional trabaja en el Tarajal con medios materiales "tercermundistas" que no son útiles "ni para la detección de pasaportes falsos" y también ha reclamado más efectivos para compensar "la evidente desproporción entre el número de agentes disponible y el volumen de población en tránsito que hay que atender".
La secretaria general del SUP también ha destacado que los materiales para hacer frente a cualquier caso de ébola "dejan mucho que desear".
La Administración General del Estado calcula que el servicio de control de orden público que mantiene la Policía en los polígonos comerciales anexos a la frontera, un recinto de titularidad privada, ha costado a las arcas públicas unos 20 millones de euros durante los últimos diez años, el tiempo que lleva abierto el denominado 'puente del Biutz', un paso alegal por el que se facilita el retorno al país vecino de los marroquíes que entran en Ceuta con el único propósito de transportar sobre sus espaldas todo tipo de mercancías al margen de cualquier control aduanero.
Según el Programa Operativo Integrado 2014-2020 del Gobierno de Ceuta, la frontera del Tarajal registra cada día el paso de 27.000 personas y 3.500 vehículos. El Ministerio del Interior lleva casi un año esperando que Marruecos dé su visto bueno definitivo a la apertura del llamado 'Tarajal II', un canal de tránsito reservado exclusivamente para porteadores que permitiría cerrar el Biutz y aliviar el cruce en régimen de viajero por el paso fronterizo oficial, sometido a congestiones diarias
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