Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 52 años, administrador de una asociación sin ánimo de lucro, como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y alzamiento de bienes.
La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Los investigadores tuvieron conocimiento de que el presidente de una asociación sin ánimo de lucro, radicada de la zona norte de la capital malagueña, estaría cobrando indebidamente la cantidad de 5,20 euros a cada uno de los beneficiados en el reparto de alimentos donados a la mencionada sociedad.
Según han informado desde dicho cuerpo policial, las personas que pretendían ser beneficiarios de las donaciones tenían que ingresar el importe reseñado en una cuenta de la que es titular la asociación y autorizado el investigado.
Los agentes comprobaron que la asociación estaba dada de alta en un plan de ayuda alimentaria por el que recibía donaciones de alimentos, constatando que el dinero procedente de las cantidades ingresadas en la referida cuenta era trasferido hasta otras cuentas en las que figuraba como autorizado o titular el ahora detenido.
Así, la Policía ha explicado en un comunicado que las partidas, al parecer, las retiraba para gastos privados y con la finalidad "de obstaculizar que posibles acreedores consiguieran cubrir sus deudas".
Las investigaciones realizadas han determinado que la mercantil titular de una de las cuentas destinatarias de este dinero presentaba ingresos del erario local vinculados al pago de contratos menores adjudicados a la empresa --sobre microactuaciones de ejecución de obras en vía pública de la zona norte de la capital--.
En este sentido, han detallado que dicha sociedad, en la que figura como autorizado el investigado, tenía como objeto social la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la participación de éstas en procesos formativos y laborales integrados y personalizados, mediante trabajo remunerado.
En el periodo investigado, la mercantil --en la que figura como administrador único y que en esos momentos estaba de baja en la seguridad social-- había contratado de forma irregular a personas extranjeras para la ejecución de los referidos contratos. Además había contraído una deuda de más de tres mil euros.
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