PP y UPyD ya han alcanzado un acuerdo para que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) recoja expresamente que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de todo el Estado. La incorporación de este nuevo precepto se producirá a través de una transaccional que los populares han ofrecido a una de las enmiendas presentadas por UPyD a la disposición adicional trigésimo octava del proyecto normativo y que este grupo ha aceptado, según han explicado a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Concretamente, el texto acordado recoge que "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable.
De esta forma, PP y UPyD concretan el papel del castellano en la enseñanza y refuerza su carácter de lengua vehicular, ya que la disposición objeto de modificación se limitaba establecer que las administraciones educativas garanticen "el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".
Ambas formaciones han acordado once enmiendas más, entre las que destaca la que modifica otro apartado de la disposición adicional trigésimo octava y que indica que "las administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en la lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable". El texto del Gobierno sólo habla de lengua cooficial para asignaturas no lingüísticas.
PROFESORADO, AUTORIDAD PÚBLICA
Los 'populares' y UPyD han alcanzado también un acuerdo en torno a la incorporación de una disposición adicional relativa a la autoridad del profesorado. De esta forma, los miembros del equipo directivo y los profesores "serán considerados autoridad pública" y "en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 'iuris tantum', sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios alumnos".
En cuanto a las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes del artículo sesenta y seis, PP y UPyD han acordado modificar el papel del director. El proyecto normativo le otorga la capacidad de "adaptar los recursos humanos a las necesidades" de los centros, pero ambos grupos consideran que para ello debe basarse en "principios de mérito y capacidad" y "deberán ser autorizados por las administraciones educativas correspondientes, encargada de que se cumpla la normativa aplicable en materia de recursos humanos".
Estas dos formaciones han pactado añadir otra disposición adicional a la LOMCE en la que indican que "el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación". Esta disposición es el resultado de la iniciativa aprobada este martes en el Pleno del Congreso, acordada entre PP y UPyD, y promovida por Elena Alfaro, madre de dos hijas, que desde hace más de un año ha impulsado una campaña para abaratar al máximo los libros.
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