El grupo criminal de origen albanés desarticulado esta semana en Bizkaia cobraba a sus víctimas, migrantes en situación irregular, entre 3.000 y 15.000 euros por el viaje como polizones en ferry al Reino Unido desde los puertos de Bilbao y Santander.
La Dirección General de la Guardia Civil ha detallado este sábado información respecto a la operación EPIRO, desarrollada en Madrid y en las localidades de Santurtzi, Portugalete y Muskiz, que se saldó con siete personas arrestadas y una más investigada, y permitió desmantelar la banda que desde 2014 facilitaba el traslado de forma clandestina de personas, poniendo en riesgo su vida.
La investigación, que continúa abierta y puede conllevar más detenciones, se inició a finales de 2019 cuando se tuvo conocimiento de una red criminal que llevaba años cobrando entre 3.000 y 15.000 euros a las víctimas, algunas menores de edad, para facilitarles el viaje como polizones en ferrys y buques que partían de los puertos de Bilbao y Santander al Reino Unido.
El grupo criminal lo lideraban dos “dinamizadores” que permanecían en España no más de tres meses, retornando a Albania, donde hacían gala de un ostentoso nivel de vida incompatible con su actividad laboral, según constataron los investigadores.
Las detenciones de estos cabecillas de la organización tuvieron que precipitarse para evitar el riesgo de una nueva salida de España y se les arrestó cuando procedían a embarcar el pasado lunes rumbo a Albania en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas.
El entramado seleccionaba a las víctimas en su país de origen, así como en los campamentos situados en los alrededores de los recintos portuarios, y les facilitaban alojamiento y manutención hasta que conseguían con éxito su ocultación como polizones y su llegada a Reino Unido.
Para ello, contaban con la colaboración de otros ciudadanos albaneses afincados en Bizkaia, que apoyaban a la organización en diversas labores de infraestructura y apoyo para ocultar e introducir a los polizones, con actuaciones que "suponían un riesgo para la vida o integridad física del migrante".
El operativo conllevó tres registros domiciliarios en los que la Guardia Civil se incautó de numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias o tarjetas de remesadoras de dinero.
También se intervinieron documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades que utilizaba para dificultar la posible trazabilidad en el envío y recepción del dinero obtenido.
La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción no 3 de Barakaldo y por la Fiscal delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, y en la misma ha colaborado en el intercambio de información la NCA (National Crime Agency) británica.
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