El Boletín Oficial del Estado recoge este sábado la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de suspender las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si advierte que se están usando fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre.
La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio.
La decisión gubernamental ha sido anunciada este viernes por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre", algo que ya fue rechazado por el tribunal Constitucional al anular las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum.
Según Méndez de Vigo, el control de las cuentas autonómicas se justifica en que, pese a la prohibición de destinar dinero público a la organización del referéndum, los responsables del gobierno autonómico han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración.
"Si un Gobierno quiere utilizar el dinero para otras cosas que, además, son ilegales tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", ha subrayado.
Además, ha hecho hincapié en que existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos" y en que se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal".
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