La titular del juzgado de instrucción 1 de Sevilla ha citado a declarar como investigados a cuatro médicos de la clínica privada Triana y del hospital público Virgen del Rocío denunciados por un delito de lesiones imprudentes agravadas a una joven de 23 años que quedó infértil tras abortar.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la jueza cita el 27 de noviembre a cuatro facultativos que intervinieron en la interrupción voluntaria del embarazo a la que se sometió M.J.F.O. en agosto de 2016 en la clínica Triana y que la atendieron luego en el Virgen del Rocío de sucesivas hemorragias que padeció tras el aborto, por las que fue a urgencias tres veces y ante las que finalmente se le practicó una histerectomía (extirpación del útero).
Según el relato de los hechos en la denuncia, la joven se sometió a un aborto en la clínica Triana el 2 de agosto de 2016 tras el cual sufrió una hemorragia en el cuello del útero, por lo que fue trasladada a urgencias del Virgen del Macarena, donde fue estabilizada e ingresada en la UCI, recibiendo el alta el día 6.
El día 12 volvió a sangrar y acudió a urgencias del Virgen del Rocío donde se le administraron anticoagulantes, "una medida del todo imprudente", según el informe del médico forense solicitado por la jueza e incorporada a la causa, al que ha tenido acceso.
El forense indica que administrar anticoagulantes a una paciente que ha sufrido dos hemorragias masivas es "una medida arriesgada" ya que en caso de repetirse "la coagulación estaría farmacológicamente impedida y por tanto la magnitud de la hemorragia será mayor y más difícil de controlar".
Critica que en vez de una ecografía no se le practicara un TAC como se hizo cuando, tras darle el alta el 17 de agosto, la joven volvió el 20 de agosto de nuevo con otra hemorragia que según el forense "era cuestión de tiempo" al no haberse llegado "al diagnóstico correcto" por no hacerle el TAC que al tercer ingreso "concluyó con el diagnóstico correcto de perforación uterina".
Tras ese TAC, el día 22, se decide programar una laparotomía, si bien la intervención "acabó con la histerectomía" al no ver el equipo médico posible reparar el daño de la pared uterina debido, a juicio del forense, al tiempo transcurrido -20 días- desde que se produjo el daño, "no hay duda" de que durante el aborto, hasta el diagnóstico correcto.
"Mi opinión es que hubo retraso en el uso de la técnica complementaria que finalmente estableció el alcance de la complicación" afirma el forense, para quien en el segundo ingreso del 12 de agosto "hubiera sido un momento excelente y una decisión prudente" practicar a la joven un TAC con contraste que "sin duda hubiese establecido el alcance del problema uterino" y permitido operarla entonces dando "confianza suficiente al cirujano para conservar tan precioso órgano para una mujer de 23 años".
El forense señala que en el momento en que se hizo la operación "médicamente la histerectomía era la decisión clínica más segura pero llevarla a cabo tenía consecuencias irreparables para el futuro reproductivo de la paciente" si bien "no puedo decir que no fue una decisión acorde" a la gravedad del daño.
Pero concluye que "no" cumplen las normas "lex artis médica" la administración de anticoagulantes en el segundo ingreso, que pudo provocar un "desenlace fatal" ante una nueva hemorragia como la que tuvo, y el retraso en hacerle el TAC.
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