La Consejería de Cultura y Adepa han acordado la creación de una comisión mixta de seguimiento, formada por miembros de las dos entidades, que supervisará y velará por el cumplimiento del pacto al que han llegado ambas partes para la rehabilitación de las Reales Atarazanas. Así lo señaló este jueves la Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, durante su intervención en el Pleno del Parlamento Andaluz.
Aguilar, que señaló además que la Junta (propietaria del monumento) y los conservacionistas habían ratificado dicho acuerdo en la noche del miércoles después de que Adepa aprobase el documento en el seno de su Junta directiva y de su consejo asesor, manifestó, en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por el diputado popular Juan Bueno, que la negociación para llegar al consenso ha sido larga -cerca de nueve meses- ya que “había muchos asuntos que tratar”. “Hemos culminado todo este trabajo con éxito por parte de todos y se va a proceder de manera inmediata a la modificación del proyecto y a realizar todas las gestiones correspondientes para tener la licencia de obras cuanto antes”, indicó, al tiempo que especificó que todos los trámites burocráticos que estén del lado de su departamento se harán “con celeridad” al tratarse de “un proyecto emblema para la ciudad de Sevilla”.
A su vez, Aguilar quiso subrayar que La Caixa (que ha comprometido para el proyecto 15 millones de euros y que gestionará el monumento) “mantiene su apuesta por las Atarazanas”.
Bueno, de su lado, reprochó a Aguilar que hablase con tanta “ligereza” sobre Atarazanas, cuando llevan más de 25 años en manos de la Junta, señalando su deseo de que “el acuerdo sea definitivo”.
A partir de ahora
Una vez que Adepa y Junta ya han alcanzado un acuerdo para la rehabilitación de las Atarazanas -acuerdo que incluye 14 puntos- sólo resta que dicho pacto pase por una serie de pasos burocráticos y cerrar el proceso judicial que hasta la fecha había impedido comenzar las obras al existir un recurso contra la licencia de obras y al haber dictado el juez su suspensión cautelar.
En toda esta cadena burocrática, Cultura y Adepa deben primero firmar dicho acuerdo consensuado que modifica el proyecto de obras. Para ello, los servicios jurídicos de la Junta deben validar el documento. Tras ello y una vez rubricado por ambas partes, según han explicado a Viva Sevilla fuentes de la Consejería de Cultura, Adepa, o bien Adepa de la mano de la Junta, presentarán el acuerdo ante el juez para que éste lo homologue, es decir, para que el acuerdo tenga “naturaleza de sentencia”.
Este proceso de homologación, una figura jurídica que no es muy común, es una garantía para ambas partes de cara a que se cumpla el acuerdo y permitirá cerrar el proceso judicial iniciado por Adepa en mayo de 2016. Si una vez comenzadas las obras alguna de las partes entiende que no se cumple lo dictado por el juez (es decir, que no se cumple el acuerdo) se podría abrir un nuevo proceso judicial.
Fuentes de Cultura han explicado a este periódico, además, que el recurso contra la licencia de obras podría haberse resuelto al inicio de la negociación (justo cuando se cambió el sistema de cimentación y se eliminaron los micropilotes, que fue el asunto que provocó la suspensión cautelar de las obras), pero que se prefirió cerrar todos los aspectos para evitar que en un futuro otras entidades patrimoniales pudieran volver a bloquear el proyecto.
Cerrado el proceso judicial, y ya sin suspensión cautelar, las obras en Atarazanas podrían comenzar una vez que el nuevo proyecto de obras obtenga el visto bueno de la Comisión provincial de Patrimonio y una nueva licencia por parte de Urbanismo.
En paralelo a la parte burocrática y jurídica, el equipo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra ya ha comenzado a realizar la modificación en el proyecto de obras para que los trabajos puedan comenzar cuanto antes.
Vázquez Consuegra no cobrará más por la modificación del proyecto
El arquitecto no recibirá ninguna cantidad extra por realizar un modificado del proyecto para Atarazanas. La Junta le encargó un “proyecto realizable” que por razones ajenas a la administración -proceso judicial- no pudo ejecutarse por lo que entra dentro de su contrato.
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