Recién llegado a La Moncloa, allá por 2012, Mariano Rajoy deslizó que su duro plan de ajuste para afrontar el peor bache de la crisis económica incluía limitar al máximo el número de liberados sindicales en la Administración. El objetivo no era otro que reducir el volumen de empleados del sector público autorizados para dedicar su jornada completa a la defensa de los derechos de sus compañeros, con dispensa absoluta para aparcar durante años su trabajo habitual. Se pretendía recortar gasto y recuperar al mismo tiempo en sus puestos a esos funcionarios (también personal laboral) en tiempos en los que ya se preveía que las jubilaciones se iban a cubrir sólo con cuentagotas.
Poco se sabe del resultado de aquel plan porque estaba viciado en origen: las comunidades autónomas, la mayor maquinaria burocrática del país, han sido siempre reacias a facilitar cifras exactas de cuántos liberados sindicales integran sus plantillas. Nunca hubo un censo oficial. Un informe de CCOO llegó a elevar el listón en Andalucía en 2011 hasta los 3.700 efectivos, una cifra discutible porque por aquella época se estimaba en poco más de 10.000 el volumen de toda España. Un año después, en 2012, la Junta anunció que acataba a regañadientes la imposición del Gobierno central y eliminaba sólo 67 puestos con posibilidad de continuar la poda hasta 113, pero volvió a regatear la cuestión clave de cuántos quedaban. Los propios sindicatos han ofrecido siempre datos contradictorios.
El Portal de la Transparencia aporta algo de luz desde hace semanas. Según datos oficiales, la Junta tiene en nómina hoy a 1.524 liberados a los que concede la “dispensa total” de no desempeñar su trabajo habitual para dedicarse así a tareas sindicales. La Administración autonómica arroja por fin claridad a esa parcela con años de retraso e incluso desglosa por qué rincones de su laberíntico entramado se distribuyen. El sector más boyante es de los servicios sanitarios con 652 efectivos seguido de la Administración General con otros 489. El tercer escalón lo ocupa la docencia no universitaria, que tiene fuera de las aulas a 257 profesores. Justicia completa ese particular listado con otros 126 liberados.
Si se toma como referencia los 261.000 empleados que reconoce la Junta en los Presupuestos de 2017, la Administración regional sostendría a un representante sindical liberado por cada 170 empleados. Las cifras son siempre teóricas porque sigue siendo un misterio el número de trabajadores que integran la llamada Administración paralela andaluza, la red de empresas públicas poblada por personal que no ha superado unas oposiciones. En defensa de la Junta hay que reconocer que hay casos más sangrantes: Cataluña, con menos funcionarios (170.000 en 2014 según Hacienda) reconocía ese año 2.300 liberados, casi 800 más.
Un sistema enrevesado
Los datos facilitados por la Junta constatan también un evidente desequilibrio. En la Consejería de Salud, por ejemplo, sus 652 liberados sobre una plantilla aproximada de 102.000 efectivos arroja una media de uno por cada 157 empleados. Pero en Educación, por ejemplo, esa proporción se dispara: sobre 105.000 efectivos (los 93.000 que reconoce la Consejería más los interinos) cada uno de sus 257 liberados representa a casi 410 compañeros. Peor aún en el resto: 615 representantes para casi 55.000 empleados, a más de 600 por cabeza. El sistema es más enrevesado: el número de liberados se fija por ley pero luego cada delegado sindical puede ceder horas, por lo que saber cuántos gozan realmente de dispensa es todo un misterio.
Un portal de mil formatos
El Portal de la Transparencia es una especie de cajón de sastre con mil criterios distintos. Queda en evidencia por ejemplo en la forma de presentar las cifras de los liberados sindicales. La Consejería que mejor cumple es la de Salud, que detalla datos incluso por sexo y por centros de trabajo. En el caso de Educación, Justicia y Administración General se aporta una mera cifra. Sobre las empresas públicas, silencio.
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