Un juzgado ha citado como investigados -antes imputados- a dos directores generales de la Junta de Andalucía por su responsabilidad como concejales del PSOE del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y dentro de una causa por supuesto desvío de fondos públicos en una empresa municipal.
El juzgado de instrucción 2 de Alcalá, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, cita como investigados al director general de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, Rafael Chacón, y a la directora general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Miriam Burgos.
Los dos directores generales están incluidos en una citación del juzgado que abarca a ocho investigados en la causa de la empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM).
De los ocho acusados, uno es el actual segundo teniente de alcalde de la localidad sevillana, Salvador Escudero, y seis más exconcejales socialistas, entre ellos los dos directores generales.
El juzgado ha citado a los nuevos investigados entre el 1 y 3 de marzo en una causa por presunta malversación en la que la Fiscalía afirma que existen "poderosos" indicios respecto al exalcalde de Alcalá durante 21 años y diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones.
La afirmación de la Fiscalía se produjo después de un informe aportado por la Guardia Civil en la que, "sin ningún género de duda", se aludía a la "directa responsabilidad" del alcalde socialista y aforado en los hechos investigados respecto a su actuación en la sociedad pública Alcalá Comunicación Municipal.
El juez apreció indicios de criminalidad en el diputado socialista de acuerdo con el atestado presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en noviembre de 2015, en donde se denunciaban supuestos gastos privados o sin control cargados a sus cuentas.
Gutiérrez Limones fue elegido diputado por Sevilla después de haber sido senador por esta circunscripción en las dos últimas legislaturas.
La causa judicial se abrió tras una denuncia de la oposición municipal de 2013 en la que se reprochaban los gastos particulares, como viajes y regalos, con cargo a fondos públicos.
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