El magistrado de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, Conrado Gallardo, pone en duda el sistema de resolución extrajudicial que pretende aprobar el Gobierno mediante Decreto-Ley, si la fórmula final es el arbitraje, un sistema que directamente excluye al preferir antes un juez que un tercero “elegido no sabemos por quién”, que imponga su criterio.
Durante su intervención en el programa A Debate de Ondaluz Sevilla TV, Gallardo apostó por la mediación como alternativa a la vía judicial, porque ahí “el consumidor tiene la garantía de que sólo con su acuerdo se le va a dar una solución. En el arbitraje, te sometes a la decisión de un tercero, para eso me someto a la de un juez”.
Recomendación que el también miembro de Foro Judicial Independiente realizó a sabiendas de que los juzgados se puedan ver sobrepasados porque, a día de hoy y según sus palabras, “entran más casos de los que somos capaces de atender”.
Según sus datos, el tiempo medio de espera para que un juzgado de Primera Instancia de Sevilla resuelva es de 2 años, a los que se sumaría otro año en caso de apelación, más el período de ejecución de sentencia.
Conrado Gallardo también puso sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de unificación en las opiniones sobre las cláusulas suelos, “que en España funcionan muy mal”, sentenció.
Por su parte, el mediador mercantil Pablo Martínez, la vía de la mediación “tiene largo recorrido, se puede diseñar y los bancos tienen muy estrecho su camino”. Según sus datos, el punto de mediación de la Fundación Mediara ha logrado resolver hasta 60 casos desde el mes de julio, lo que representa un 3% de los casos que se han derivado.
El secretario general de Adicae Andalucía, Rafael Fernández, también criticó la falta de consulta con las organizaciones de consumidores en al elaboración del decreto gubernamental y llamó a los bancos a “devolver ya” porque “se estrecha el cerco”.
Por su parte, la letrada María José Moyano, de Salas&Donaire Abogados, sobre los casos ya juzgados, aseguró que los que sólo disponen de sentencia sobre la nulidad de la cláusula suelo, tienen derecho a abrir un nuevo procedimiento judicial para reclamar cantidades.
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