El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha manifestado este martes que la suspensión cautelar de la licencia de obras concedida para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), "genera un retraso importante" para dicho proyecto, señalando que está a la espera de que la Consejería de Cultura, como promotora de la iniciativa, convoque "inmediatamente, en los próximos días", una reunión con La Caixa, entidad concesionaria de los usos del monumento.
En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha defendido que al Ayuntamiento hispalense no le "extraña" que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, en el marco de la impugnación promovida por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) contra dicha licencia de obras, haya accedido a la petición de la entidad conservacionista de suspender cautelarmente la licencia de obras, hasta ser resuelto el fondo del litigio.
"No nos ha extrañado. Es una medida cautelar lógica", ha manifestado Espadas, señalando que con el mencionado auto del juzgado, simplemente queda suspendida cualquier "decisión" en lo referente al monumento, hasta que se resuelva el litigio en sí.
Espadas, en ese sentido, reconoce que la suspensión de la licencia de obras "genera un retraso importante" al proyecto de restauración del monumento y su transformación en un espacio cultural, exponiendo que por la información con la que cuenta, "la Consejería de Cultura va a convocar de modo inmediato, en los próximos días, una reunión con La Caixa", de la que tomará parte el Ayuntamiento, para "ver cuáles son las decisiones a tomar a corto plazo", con relación al auto judicial y "la situación de bloqueo" de la iniciativa.
El recurso de Adepa, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.
SUSPENSIÓN CAUTELAR
En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, fuese suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisaba Adepa a la hora de solicitar dicha medida cautelar.
En esa pieza separada, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha emitido un auto, recogido por Europa Press, en el que admite la medida cautelar solicitada por Adepa y suspende la citada licencia de obras, porque "la ejecución de las obras afectarían de forma irreversible al edificio" y, de ser iniciada la obra pero prosperar el fondo del recurso de la organización conservacionista, "el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio, que no se podría asegurar".
El auto detalla, entre otros aspectos, que el proyecto en cuestión contempla "128 perforaciones" sobre las pilastras del monumento, elemento "esencial" del mismo, con lo que "es indudable que, de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria, el daño ya ser habría hecho y sería imposible de reparar". La hipotética extracción de las 128 barras en las pilastras asociadas a tales perforaciones, según el auto, "dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro", por lo que "dada la singularidad del edificio y la afectación que podría sufrir, prevalece el interés residente en la protección" del monumento.
"La instalación de los micropilotes afectaría a los yacimientos arqueológicos, en cuanto a que supondría atravesar verticalmente el suelo, con 289 perforaciones, desconociendo lo que hay en su interior", abunda el auto, según el cual los micropilotes "afectarían a los restos arqueológicos" y aunque podrían ser desmontados, "dejarían señales en el edificio y podrían destruir restos arqueológicos". Así, el juzgado justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe "prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos".
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