El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla aprobado a la medida cautelar solicitada por la entidad conservacionista Adepa para suspender la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento hispalense (Gerencia de Urbanismo) para la restauración de las Reales Atarazanas a la espera de la resolución del litigio emprendido por la entidad conservacionista que pide que la licencia otrogada sea reconocida como ilegal.
Según un auto emitido el pasado 20 de octubre y al que ha tenido acceso Viva Sevilla, la citada instancia judicial acuerda "suspender la licencia de obras" porque "la ejecución de la obra causaría perjuicios irreversibles en el edificio, perdiéndose la finalidad legítima del recurso" promovido por Adepa contra tal licencia. El juzgado, además, justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe "prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos".
Este auto se sucede al recurso de Adepa interpuesto el 27 de mayo de 2016 que iba dirigido contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, contra la concesión de la citada licencia de obras. También se dirigía contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
Así pues, el auto del juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha aprobado la medida cautelar solicitada por Adepa y señala, entro otros aspectos que el proyecto ideado por el arquitecto Guillermo Vázqez Consuegra para transformar las Reales Atarazanas en un nuevo centro cultural contempla "128 perforaciones" sobre las pilastras del monumento, elemento "esencial" del mismo, con lo que "es indudable que, de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria, el daño ya ser habría hecho y sería imposible de reparar". La hipotética extracción de las 128 barras en las pilastras asociadas a tales perforaciones, según el auto, "dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro", por lo que "dada la singularidad del edificio y la afectación que podría sufrir, prevalece el interés residente en la protección" del monumento.
"La instalación de los micropilotes afectaría a los yacimientos arqueológicos, en cuanto a que supondría atravesar verticalmente el suelo, con 289 perforaciones, desconociendo lo que hay en su interior", abunda el auto, según el cual los micropilotes "afectarían a los restos arqueológicos" y aunque podrían ser desmontados, "dejarían señales en el edificio y podrían destruir restos arqueológicos". Así, el juzgado justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe "prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos".
El auto señala también que "en cuanto a los posibles perjuicios económicos que soportaría la titular de la licencia 8la entidad bancaria La Caixa), hay que observar que la Caixa no se persona en el procedimiento, por lo que no se pueden ponderar, ni, en su caso, considerar a efectos de una hipotética caución".
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