El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha celebrado este viernes una vista, para resolver la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), para que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento hispalense para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), sea suspendida a la espera de la resolución del litigio emprendido por el colectivo.
Según ha informado a Europa Press Joaquín Egea, portavoz de Adepa, a esta vista han asistido por parte del colectivo conservacionista los expertos en arquitectura y patrimonio Fernando Mendoza y José García-Tapial, mientras en representación de la parte recurrida han acudido el autor del proyecto de restauración y adaptación de las Atarazanas como espacio cultural, el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, otro arquitecto relacionado con la iniciativa y María Antonia Teva, jefa del servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura.
En sede judicial, según Joaquín Egea, se han tratado las "discrepancias" entre cada una de las partes, en torno a los principales aspectos del proyecto. Por ejemplo, los comparecientes favorables al proyecto habrían defendido el estudio arqueológico previsto, considerado "pequeñísimo" por los representantes del colectivo conservacionista a cuenta de la envergadura del monumento. De otro lado, la parte recurrida habría defendido que los derribos previstos no afectan a partes "importantes" del monumento, pero los representantes de Adepa han avisado de que tales demoliciones afectan, entre otros elementos, a "la vieja fundición" de las construcciones que datan del siglo XVIII. "La Junta se gastó un dineral allí", ha avisado Egea.
LA CIMENTACIÓN
También habrían discrepado las partes, según Egea, sobre las actuaciones de cimentación previstas o "si las barras que (según el proyecto) atraviesan los pilares afectan o no" al monumento. En ese sentido, Egea ha lamentado que los defensores del proyecto aleguen que los trabajos de cimentación son necesarios porque el edificio está "medio en ruinas", cuando tal extremo "no figura" en la documentación de la intervención propuesta. En ese sentido, Egea opina que los defensores del proyecto han incurrido en "contradicciones".
El recurso de Adepa en cuestión, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.
En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, sea suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisa Adepa.
LAS ATARAZANAS
El proyecto de restauración y adaptación del monumento, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, ha sido diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y ha desencadenado un intenso conflicto a cuenta del rechazo de los colectivos conservacionistas.
El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.
Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.
EXCAVACIONES JUNTO A LA MURALLA
Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa han anunciado que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.
Al respecto, el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una "carta de riesgos, estudios previos y un plan director", recomendando "suspender" la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.
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