Participa Sevilla ha anunciado que preguntará en el pleno de este jueves por las actuaciones que piensa llevar a cabo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, ante la "vulnerabilidad y las malas prácticas" de la constructora de las que "están siendo víctimas" los adjudicatarios de las 230 viviendas de protección oficial (VPO) del residencial Arttysur, en el barrio de Los Bermejales.
Según un comunicado de la formación emergente, diferentes vecinos han trasladado al partido en los últimos meses "el miedo se ha extendido entre los inquilinos", ya que la promotora "les quiere obligar a acogerse a un nuevo contrato, con condiciones más ventajosas para ésta, y además les están amenazando con denunciarles y un posible proceso de desahucio si no lo hacen".
"Una actitud totalmente despreciable por parte de esta empresa, al igual que el silencio de la Junta y del Ayuntamiento durante todos estos meses", ha dicho la concejal de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla Cristina Honorato, quien ha confiado en que la justicia "siga dando la razón" a los inquilinos y que estos puedan permanecer en sus viviendas "a pesar de las presiones de la promotora".
Según la formación de izquierdas, estas viviendas de Los Bermejales fueron ofertadas como viviendas en alquiler con derecho a compra a los 25 años. Sin embargo, como denuncian sus inquilinos, cuando sólo han pasado ocho años, la promotora "pretende que se firme un nuevo contrato y si no lo hacen, les amenazan con echarles, perdiendo todos sus derechos".
"Urbanismo y los responsables municipales no se pueden olvidar de que concesionaron el suelo para crear vivienda protegida, y que el derecho a la vivienda digna está por encima de los intereses de una empresa", ha denunciado Honorato, que también ha manifestado que en este caso se han producido un conjunto de irregularidades en la relación contractual entre inquilinos y empresa en la que "tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen responsabilidad".
Participa ha recordado que la Junta "financió con ayudas" la construcción del residencial Arttysur y "supervisó" el proceso de contratación, ya que esta promoción "forma parte" del III Plan de Vivienda y Suelo andaluz 2003-2007. "Nos tememos que esto no sea un caso aislado y que se pueda repetir en otras promociones que la Junta de Andalucía haya financiado", ha añadido la edil.
Para Honorato, este hecho significa la "imposición" de la lógica neoliberal ante los derechos de las personas, donde las administraciones muestran "una permisibilidad total" con el sector del ladrillo y su "único interés por el máximo beneficio económico posible". Como prueba de ello, ha agregado que desde que en septiembre de 2003 la Gerencia de Urbanismo facilitara el suelo para la construcción del residencial Arttysur, sus inquilinos "no han dejado de denunciar abusos por parte de la constructora".
Según ha relatado, se redujo la superficie de las viviendas construidas para aumentar su número hasta las 230, frente a las 164 que como máximo le permitía Urbanismo, por lo que Honorato se pregunta el porqué de esta modificación del proyecto y las responsabilidades que el Consistorio hispalense tiene en el mismo.
"En estos últimos diez años, el Ayuntamiento ha mirado para otro lado y ha permitido que la constructora hiciera lo que quisiera, olvidándose de que su labor principal es defender los derechos de la gente", ha reconocido.
Según Participa, el edificio incumple la normativa de accesibilidad a los espacios comunes y, además, las viviendas "no están adecuadamente adaptadas a personas con movilidad reducida", como marca la ley, puesto que algunas rampas de acceso tienen una pendiente "hasta cinco veces superior a la estipulada o los baños de estas viviendas no están adaptados".
Asimismo, ha hecho hincapié en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2014 que "obligaba a eliminar unas pistas de pádel construidas en vez de un patio comunal como aparecía en el proyecto". Honorato ha dicho que la Gerencia de Urbanismo parece que va a obligar a restituir estas zonas comunes ahora dos años después del fallo.
"Esperemos que este anuncio de Urbanismo sea un punto de inflexión en la actuación hasta este momento", ha concluido la portavoz adjunta de Participa.
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