Sevilla figura en la relación de 34 municipios de la provincia que han sido incluidos por el Ministerio de Hacienda en la lista nacional de aquellos en los que resultará de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales. El Ayuntamiento, sin embargo, actuará en la parte que le corresponde para que esa subida no repercuta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Los nuevos coeficientes de los valores catastrales se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y surtirán efecto a partir del 1 de enero del año próximo, aunque ya se estima que ascenderán a un 10% aproximadamente y que tendrán su traducción en el IBI.
La Orden de Hacienda, que ya es oficial por haberse publicado en el Boletín del Estado el pasado lunes, llega después de que Espadas anunciara en el curso de un desayuno informativo du decisión de no incrementar el IBI en su primer año de gobierno a las familias y pymes sevillanas y de revisar, en todo caso, el de las grandes empresas y en una proporción máxima de un 10%.
Para cumplir su compromiso, el alcalde ha ordenado que se ajuste el coeficiente (el Ayuntamiento tiene potestad para ello), con lo cual esta revisión de valores catastrales no tendrá repercusión en el IBI que paguen los sevillanos en 2016.
Además de en Sevilla capital, se actualizan al alza los valores catastrales en treinta y tres municipios de la provincia: Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, El Coronil, El Madroño, El Real de la Jara, El Rubio, Espartinas, Estepa, Gelves, Gerena, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Olivares, Pedrera, Salteras, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Valencina y Villaverde del Río.
Los valores catastrales se revisan normalmente a petición de los propios Ayuntamientos (en Sevilla lo hizo Zoido, si bien señalando su deseo de que la medida no entrara en vigor hasta el segundo semestre de 2015, por tanto una vez pasadas las elecciones municipales de mayo), y para admitir la solicitud, han de cumplirse estos requisitos:
-Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011.
-Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
-Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, plazo que para el año 2015 fue prorrogado hasta el 31 de julio.
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