La portavoz municipal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano (Podemos), ha manifestado que el dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve la Autoridad Portuaria "no es buena idea" y su fuerza lo rechaza en los términos en los que está "planteado" actualmente. Además, ve "oportuno" que la decisión final sobre si acometer o no dicho proyecto sea sometida a una "consulta pública a la ciudadanía" dado el calado del asunto, valga la expresión.
En una entrevista con Europa Press, Susana Serrano ha sido clara a la hora de exponer que Participa Sevilla, un partido ciudadano promovido por Podemos y con tres concejales en la Corporación municipal hispalense, dice "no" al dragado de profundización "tal y como se había planteado". "No es una buena idea", asevera Serrano, quien avisa de que ampliar el calado del tramo navegable del río Guadalquivir "se cargaría el ecosistema" ribereño y la "pequeña economía" ligada al mismo, para "beneficiar a las grandes empresas". Y es que el proyecto está destinado a permitir que barcos de mayor calado puedan navegar hasta el Puerto de Sevilla.
Serrano argumenta que las voces de "muchos" expertos aseguran que la profundidad del tramo navegable del Guadalquivir permite actualmente la navegación "del 95 por ciento de los barcos", con lo que a su juicio, no se debe asumir "una obra de esa envergadura por un cinco por ciento de barcos".
La portavoz de Participa Sevilla es consciente de la posición política del alcalde, el socialista Juan Espadas, quien apuesta textualmente por "trabajar" para "garantizar" que el proyecto cumpla todos y cada uno de los "requisitos" en materia medioambiental para que pueda ser acometido, reconociendo que en los socialistas "no aceptaron renunciar al dragado" en el acuerdo programático firmado entre Participa y el PSOE para que los concejales del primero de estos partidos apoyasen la investidura de Espadas, pues cualquier otra posición habría desencadenado la reelección del popular Juan Ignacio Zoido.
"ES DE LAS POCAS COSAS QUE NO CONSEGUIMOS"
"Es de las pocas cosas que no conseguimos", ha dicho respecto a la negociación de dicho acuerdo programático. Finalmente, ha apostado por someter "una decisión tan importante" a "una consulta pública a la ciudadanía". "A lo mejor una mayoría de sevillanos no lo apoya", se ha encogido de hombros.
Hablamos del proyecto de dragado de profundización del río que desde hace años promueve la Autoridad Portuaria, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el Puerto de Sevilla, un proyecto que cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.
El proyecto, en concreto, prevé ampliar el calado del río de 6,5 a ocho metros de profundidad y su diseño inicial fue desechado en la pasada legislatura por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a reformular los términos del mismo. El diseño de la actuación, así, ha sido replanificado para acometer una profundización de 85 centímetros en 2015 y 65 centímetros en 2016 y 2017.
LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Pero una sentencia del Tribunal Supremo imprimió un serio giro al asunto, al anular las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacían referencia al dragado de profundización, una actuación que el Supremo considera no está "justificada" y que no puede ser concebida como una medida complementaria del mencionado plan. Según el Supremo, no se justificaba de forma "específica" en el plan los motivos por los que se proyectaba esa obra que "ocasionará modificaciones o alteraciones de las masas de agua, con el consiguiente deterioro y su repercusión sobre uno de los enclaves más protegidos de Europa, Doñana".
A tal efecto, la Autoridad Portuaria emprendió las labores correspondientes a una nueva inclusión del proyecto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, corrigiendo los aspectos censurados por el Supremo, si bien la Comisión Europea, de su lado, ha incoado un procedimiento por infracción contra España, a cuenta del posible impacto del dragado de profundización en el parque natural y nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad.
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