Una juez ha imputado al exalcalde de Cantillana (Sevilla) y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Enrique Naranjo, y a cinco concejales 'populares' por conceder una licencia de ocupación para una vivienda unifamiliar pese a los informes en contra del arquitecto y secretario municipales.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lora del Río cita a declarar como imputados el día 23 de septiembre al exalcalde de Cantillana y a los ediles María Soledad Ortiz, Francisco Javier González, María Reyes Rivera, Francisco José Pino, y María Trinidad Naranjo --estos dos últimos continúan en la Corporación--.
En junio del año 2013, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cantillana puso en conocimiento de la Fiscalía que el exalcalde y los cinco ediles, como integrantes de la Junta de Gobierno Local, otorgaron una licencia de ocupación pese a los informes técnicos en contra, por lo que consideraba que se podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
Tras ello, el Ministerio Público denunció que, tras la construcción de una vivienda unifamiliar en el municipio, el dueño de la misma solicitó al alcalde en mayo de 2011 la licencia de ocupación, pero la arquitecto técnico municipal lo visitó e informó desfavorablemente por cuanto la construcción del inmueble no se había ajustado a la licencia de obra concedida en su día por el Ayuntamiento, según la denuncia consultada por Europa Press.
Concretamente, la funcionaria hizo constar que se habían construido 20,71 metros cuadrados más en planta baja, que pertenecen a la cubrición del patio central con una montera y la cocina construida en el patio; que se habían construido 10,66 metros cuadrados más en la planta alta, que pertenecen a la cubrición del patio central, y que se habían construido 17,26 metros cuadrados más de la planta 'castillete', pertenecientes a la caja de escalera metálica y a un cuarto de instalaciones.
ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La arquitecto técnico, con fecha 31 de octubre de 2011, reiteró su informe no favorable, especificando que, para que la obra pudiera legalizarse y consiguientemente fuera factible la concesión de la licencia de ocupación, debía procederse a retirar la montera del patio interior, dejándolo libre, y demoler la cocina.
La secretaria municipal, de su lado, también informó desfavorablemente la concesión de la licencia, dado que el "exceso" construido tanto en la planta baja como en la alta llevaban a que no fuera una obra convalidable ni legalizable, puesto que "constituían disconformidades de carácter sustancial con la ordenación urbanística aplicable".
No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno Local resolvió "por unanimidad" otorgar la licencia de ocupación, sostiene la Fiscalía, que considera que los inculpados podrían haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
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