Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado que el "aparente olvido" de la Junta de Andalucía al licitar la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) sin que haya agua disponible "demuestra la prepotencia" del Gobierno andaluz y el "afán electoralista" de este concurso minero internacional.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, advirtió ayer de que en la cuenca del río Guadiamar no hay agua disponible para esta mina pues las del embalse del Agrio fueron asignadas hace años por la Agencia Andaluza del Agua -dependiente de la Junta de Andalucía- a peticionarios como la plataforma fotovoltáica de Abengoa o comunidades de regantes.
El responsable de minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha denunciado hoy en un comunicado que esta circunstancia evidencia, en su opinión, que la Junta de Andalucía "ha apostado una vez más por la política de hechos consumados" en este concurso minero, un "proyecto irrealizable" impulsado "por puro afán electoralista y que juega con la ilusión de toda una comarca".
Para Ramos, a las "irregularidades" en la valoración de los proyectos que se han presentado a este concurso, que investiga un juzgado sevillano, "habría que añadir la principal y es que se ha fomentado la puesta en marcha de un proyecto inviable por falta de uno de los recursos clave: el agua".
"No sabemos si quedará mucho mineral pero lo que no hay, seguro, es agua y sin agua no se pueden realizar los procesos hidrometalúrgicos, que como su nombre indica, precisan de grandes volúmenes de agua para llevarse a efecto", ha añadido.
Ecologistas en Acción ha añadido que los "varios millones de metros cúbicos" de agua que se precisan para esta explotación mineral podrían proceder de aguas subterráneas, pero ha advertido de que el acuífero afectado, el Gerena-Posadas, está "sobreexplotado" y "sin posibilidades de un uso masivo como precisa la actividad minera".
Respecto al recrecimiento de la presa del Agrio para aumentar su capacidad de embalse, Ecologistas sostiene que requeriría una inversión pública "para garantizar intereses privados", por lo que lo denunciaría a la opinión pública, "especialmente sensible a estas operaciones cuando se están recortando los servicios sociales básicos".
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