Una auditoría relativa a la extinta sociedad Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), refleja "compromisos no facturados" por valor de 1,73 millones de euros que incluyen 1,33 millones en "gastos no facturados ni recogidos en la contabilidad" de la empresa y 404.948 euros derivados de una deuda reconocida justo antes de las elecciones municipales de 2011, de la que renegaron los posteriores gestores de la sociedad.
El informe en cuestión, elaborado por Iberaudit Auditores, fechado en noviembre de 2012 y recogido por Europa Press, examina la situación económica, contable y patrimonial de esta sociedad municipal constituida en 1993 por el Ayuntamiento de Los Palacios y la sociedad provincial de turismo y desarrollo económico Prodetur, perteneciente a la Diputación. Esta auditoría, por cierto, sirvió de base a las acciones judiciales promovidas por el actual gobierno local palaciego, liderado por Juan Manuel Valle (IP-IU), contra los anteriores gestores de Idelpa, pertenecientes a la etapa de gobierno del exalcalde socialista Antonio Maestre.
En su informe, los auditores explican que al poco de comenzar a examinar las cuentas allá por 2011, una vez que las elecciones municipales se saldaron con la expulsión del poder del socialista Antonio Maestre y el desembarco de un nuevo gobierno local, el de IP-IU, detectaron ya que Idelpa incurría en "una previsible situación de insolvencia" que, de hecho, motivó que el 3 de febrero de 2012 los nuevos administradores de la empresa solicitasen el concurso de acreedores, siendo declarado el mismo el 17 de febrero de aquel año.
IMPAGOS DESDE 2008
La auditoría de cuentas, de cualquier modo, refleja que la empresa empezó a dejar de pagas sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social allá por 2008 y en 2009 incurría en un "sobreseimiento generalizado de pagos" a estas dos instituciones, toda vez que los impagos a "proveedores y acreedores" se remontan a 2008. En agosto de 2011, de hecho, el "saldo acreedor" se elevaba a 4.421.504 euros.
Y es que en sus últimos ejercicios, la empresa sufrió un "deterioro continuo e incremental" que derivó en una situación de clara "insolvencia y quiebra de la sociedad, no pudiendo garantizar con su actividad el pago de sus obligaciones ni su supervivencia".
Pero la auditoría no sólo analiza el derrumbe económico de esta empresa municipal, sino todo un rosario de anomalías en la gestión de esta empresa que, como hemos señalado, está sujeta a diversas líneas de investigación judicial.
Entre otras cosas, la auditoría atribuye a Idelpa "compromisos no facturados" por valor de 1.736.857 euros, una cuantía de la que se desprenden "gastos o servicios no facturados ni recogidos por la contabilidad" por valor de 1.331.908 euros y 404.948 euros derivados de una deuda reconocida justo antes de las elecciones municipales de 2011 de la que renegaron los posteriores gestores de la sociedad.
GASTOS SIN FACTURAR NI CONTABILIZAR
Dentro de este capítulo de "compromisos no facturados", la auditoría expone como gasto no facturado ni incluido en la contabilidad una deuda de 1,24 millones de euros por certificaciones de obras de 78 viviendas protegidas construidas por Santa Lucía Promotora y Constructora, asumiendo como "real" esta deuda porque Idelpa habría "acordado" con Santa Lucía que sólo se facturase "cuando se fuese a realizar algún pago". Dentro de estos compromisos no facturados ni recogido por la contabilidad, además, figuran 89.405 euros por la elaboración de un proyecto básico para la construcción de 120 viviendas.
En cuanto a los 404.948 euros por servicios "no facturados ni reconocidos por la sociedad", la auditoría detalla que corresponden a la redacción de dos proyectos básicos para la construcción de 142 viviendas sociales, un servicio en efecto encargado a la empresa Rodina Gestión en 2008 pero del que "no consta" la entrega de los proyectos en cuestión. Aunque en mayo de 2011, antes de las elecciones municipales, la empresa reconoció esta deuda, los posteriores gestores de la misma decidieron no reconocerla porque los proyectos no constan en la empresa ni tampoco mediaba visado por parte del Colegio de Arquitectos.
El avance del concurso de acreedores, por si fuera poco, reflejaba según los auditores "otros 1,26 millones de euros no registrados" en las cuentas de Idelpa, con lo que había "mayores pérdidas de las que la empresa tenía registradas".
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