La formación como clave para mantener una red de clientelismo político. Este es el eje de las imputaciones que la titular del Juzgado número 16 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ido realizando a los distintos exdelegados de Empleo que han comparecido ante ella tras ser detenidos en la Operación Barrado. Se les ha acusado de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Alaya considera, según las fuentes que cita Europa Press, que la Junta habría creado “una red de clientelismo político” a través de la formación, argumentando que la Consejería de Empleo impartía “órdenes” a las delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la Formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político” y beneficiar electoralmente al PSOE, según se desprende de los autos de imputación. Las fuentes jurídicas que aporta Efe descartan lucro personal en las imputadas.
La magistrada ha dejado en libertad con cargos a doce de los 16 detenidos que ya han comparecido ante ella. Entre ellos se encuentra la exdelegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, que se negaba a declarar ante la jueza, la cual le ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Libres con cargos se encuentran las exdelegadas de Empleo en Granada, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su “absoluta inocencia”; en Almería, Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Ciomijas, en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones. Las tres se acogieron a su derecho a no declarar.
Los últimos en salir han libertad han sido el exdelegados de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el de Cádiz, Juan Manuel Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández Ramírez; y el delegado en Huelva hasta ayer, cuando fue destituido, Eduardo Manuel Muñoz García.
Durante la madrugada, Alaya dejó en libertad con cargos a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara -para quien Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros- y María Teresa Florido -cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, también imputado-; a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte, Ana María Orihuela, y a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete.
Grabación a Fiscalía
Precisamente Sabalete también ha sido el centro de una nueva trama de corrupción por una grabación de 2012 que se le atribuye y en la que habría presionado a los directores de Empleo de Jaén para que hicieran campaña por el PSOE si no querían perder su trabajo.
De hecho, el abogado Ángel Bordás ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla aportando esta grabación, al considerar que Sabalete podría haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Bordás, que se presenta a la Alcaldía de San Juan de Aznalfarache por el Partido por la Libertad con las Manos Limpias, considera que esta grabación es un ejemplo de la “red clientelar” que tiene el PSOE para ganar las elecciones, y reclama que declare la exdelegada de Empleo como imputada o que se libre oficio a la Policía Nacional para averiguar la identidad del autor de estas palabras.
“El consejero nos dijo clarísimo que los directores y el personal que está en el consorcio está plenamente garantizado su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones”, decía supuestamente Sabalete en la grabación que se le atribuye, en la cual incluso llega a decir a sus subordinados que sean como “testigos de Jehová” o que “dejen” la gestión para visitar a empresas, autónomos y pymes que hayan recibido ayudas o subvenciones.
Lo cierto es que el audio que adjunta, que a Bordás le llegó de forma anónima, no sólo ha sido reproducido por diferentes medios de comunicación, sino que circulaba por las redes sociales desde la noche del lunes, antes de que se iniciara la Operación Barrado.
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