El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, ha opinado este miércoles que la querella criminal promovida por la dirección de la compañía a cuenta del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 responde a un simple "movimiento electoral", si bien los representantes de la plantilla prevén analizar en profundidad la querella para dilucidar plenamente sus consecuencias.
"Estamos esperando a tener la querella para analizarla", ha manifestado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, quien no obstante opina que esta acción judicial responde a un mero "movimiento electoral". La querella, como hemos informado, se dirige contra los antiguos gestores de Mercasevilla, entre ellos el exdirector general Fernando Mellet, ex altos cargos de la Consejería de Empleo como el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, o los sindicatos.
EL ERE DE 2007
El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se elevaba a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis por la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
Y es que aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" y compromiso de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
A LOS TRIBUNALES
La decisión del sucesor de Guerrero de desligar a la Junta de la financiación de las prejubilaciones de este ERE motivó un conflicto judicial promovido por el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007, que reclamaba los "compromisos" de pago de dicho procedimiento.
La correspondiente sentencia del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, no obstante, zanjaba finalmente que Mercasevilla es "el único responsable del pago de las indemnizaciones reconocidas en el ERE", porque la juez considera "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer de "todo trámite administrativo".
Recurrida esta sentencia, la sala de lo Social del Alto tribunal andaluz, en una sentencia fechada el 30 de octubre de 2014 y recogida por Europa Press, desestimaba plenamente el recurso de los prejubilados y estimaba parcialmente el recurso de Mercasevilla, revocando la sentencia previa y declarando que los extrabajadores tienen derecho a percibir de Mercasevilla sólo "el importe que corresponda por indemnización", siendo de nuevo declarada Mercasevilla como "responsable" exclusiva del abono de tales indeminizaciones.
La sentencia, además, declaraba que el acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación de la plantilla para el ERE de 2007 "constituye un auténtico abuso de derecho y un fraude de Ley" como consecuencia de las altas cuantías y rentas pactadas, toda vez que la Consejería de Empleo "no ha controlado debidamente las condiciones pactadas".
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