La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Federación del Arroceros de Sevilla y los Ayuntamientos de Isla Mayor y Los Palacios han anunciado este jueves posibles acciones legales y movilizaciones contra la ejecución del proyecto de dragado para el río Guadalquivir, que ellos consideran una "amenaza" a los derechos de los agricultores y regaderos.
En una rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Margarita Bustamante, ha señalado que esperan que a las reivindicaciones, que han recogido en un escrito titulado 'Decálogo por un dragado sostenible y respetuoso con los usos del estuario', se adhieran un mayor número de colectivos y municipios ya que es la "primordial actividad" de la que viven los pueblos de Andalucía, y no sólo el cultivo del arroz.
Estas organizaciones no están dispuestas a que "se haga alguna acción en el río que altere el comportamiento del río", debido a que "supondría que la salinidad se desplazara a lo largo del río y habría que soltar grandes cantidades de agua dulce para bajar el tapón salino".
Asimismo, Bustamante ha explicado que el Gobierno central ha trasladado al sector que toda las inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en vez de ir para modernizar el sector arrocero van a ir destinados "a las depuradoras para los pueblos de Andalucía, debido a que desde Europa pueden sancionar a las administraciones con una multa de altas cantidades de dinero" en caso de no construirlas. Así, Bustamante ha criticado que el sector "tenga que pagar los deberes que los políticos no han hecho", ya que a pesar de que este año no hay modernización del sector arrocero "sí hay dinero para llevar adelante el dragado".
Por su parte, el presidente de Asaja, Ricardo Serra, ha señalado que "desde el inicio se llego al compromiso de que la construcción del dragado se iba a realizar cumpliendo con los derechos e intereses de los agricultores", en concreto, "se iba a llevar a cabo la modernización del arroz para hacer llevar el agua dulce a todas las partes del río por un cauce distinto que no fuera el Guadalquivir, si se cumplía esa condición ya era una cuestión de que se autorizara por parte de las autoridades correspondientes".
En este sentido, Serra ha criticado que "las prisas han hecho que se olviden de los derechos de los agricultores y regantes y saltarse el compromiso", a la vez que ha recordado que "cualquier obra civil implica respetar los derechos preexistentes de los afectados, y hay que compensar y aplicar medidas correctoras para que estos derechos no sean conculcados". Por ello, Asaja ha asegurado que se "defenderán esos derechos preexistentes".
Por otro lado, el alcalde del Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla), Ángel García (IU), quien iba también en representación de Los Palacios, ha explicado que la construcción del dragado y la sostenibilidad del entorno son, a su juicio, "incompatibles y hasta contradictorios, al menos tal y como se ha planteado la actuación", ha aclarado García quien además ha insistido en las consecuencias que tendría el dragado para el municipio donde "desde su nacimiento su actividad económica, social y de población ha ido vinculada al Guadalquivir", y no sólo en el cultivo del arroz, sino también la industria del cangrejo.
Del mismo modo, García ha explicado que hasta ahora tiene una "propuesta de dragado" de la cual existe un dictamen de la Comisión Científica y una resolución de la Unesco, estas dos últimas "contrarias al dragado". En concreto, el dictamen de la Unesco presentado en 2010 recogía posibles alteraciones de la salinidad, velocidad, turbidez del río, amenaza las especies de Doñana y al propio complejo natural.
En esta línea, García ha recordado que en su municipio existen antecedentes de alteraciones en las conductas del río por diferentes motivos y han supuesto "perdidas económicas, sociales, de población y en definitiva, pobreza". A su vez, ha advertido de que "no existe ninguna garantía de las consecuencias que tendrá el proyecto del dragado sobre río" ya que al final si los dictámenes son ciertos "no habrá ningún responsable y lo tendremos que pagar entre todos" por lo que ha calificado la acción de "temeraria e irresponsable". "No se podría revertir la situación y el daño ya estaría hecho", ha lamentado.
CONSECUENCIAS DEL DRAGADO
En temas de empleo, estos entes han asegurado que se verían perjudicados 128.000 empleos directos.
Asimismo, el primer edil ha recordado que los cultivos del arroz generan en el municipio sevillano unos 400.000 jornales anuales y 300 millones de kilos de arroz, y en el caso del cangrejo, 70.000 jornales y tres millones de kilos y unos 20 millones de euros de facturación. Sin embargo, ha explicado que el "supuesto" empleo que va generar el proyecto del dragado estará basado en "el aumento del tráfico de mercancías sobre el río, lo que supone que más o menos se restará a otros puertos lo que ya hay, por lo que realmente no se va a generar empleo", aunque "si se trasladaría de unos sitios a otros".
Del mismo modo, García ha señalado que el proyecto tiene una "operación urbanística detrás" ya que conlleva "una desafectación de los terrenos del puerto, generación de nuevos suelos, que se pondrán a disposición de operaciones urbanísticas", lo cual ha criticado que "si va a generar riqueza, pero solo pero para unos pocos".
Además, el mandatario ha recordado que la construcción del dragado supone también un coste de mantenimiento, y es que "si actualmente la limpieza del canal supone un billón de euros anuales, los dictámenes de la comisión científica aseguran que el mantenimiento habla de cinco millones anuales.
Por su parte, el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Juan Cuquerella, ha asegurado que siguen manteniendo la posición respecto al proyecto del "dragado" desde que se presentó por parte de la Autoridad Portuaria y es su "oposición al mismo sino asegura los derechos de los agricultores y regaderos en todo el proceso desde el llenado de las parcelas hasta el final del cultivo". Así, ha aclarado que "no se oponen al desarrollo del Puerto, ni de la provincia", sino a "desaparecer sin hacer valer nuestros derechos hasta las últimas consecuencias". "Defenderemos un sector fundamental para la economía que funciona y crea puestos de trabajo", ha concluido.
La últimas noticias sobre el proyecto, "no garantiza que captemos las aguas para llenar las parcelas y se complete el ciclo fenológico del cultivo a través del río Guadalquivir" ya que "las cantidades de agua que tienen que pasar no serían suficientes para hacer el llenado y el fin del cultivo".
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