El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Gregorio Serrano (PP), ha remitido un escrito a Javier Castro, director de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, reiterando su reclamación para una entrevista entre ambas partes. Serrano incide en la necesidad de este encuentro por la "gravedad" de la situación que afrontan los extrabajadores de Mercasevilla prejubilados en 2003 al haber sido suspendidas sus rentas a cuenta del impago por parte de la Administración andaluza de las primas de su póliza de seguro de rentas.

   "Son muchas las familias afectadas por estas medidas", avisa Gregorio Serrano en este escrito fechado el 25 de junio y recogido por Europa Press. Y es que la compañía aseguradora 'Generali', con la que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas de las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por Mercasevilla, no ha abonado a este colectivo de extrabajadores las rentas correspondientes al mes de julio, extremo que la aseguradora atribuye a los "impagos" de las primas comprometidas por la Junta de Andalucía como fuente de financiación de estas prejubilaciones.

   En concreto, a través de un escrito fechado el 24 de julio y recogido por Europa Press, la división de seguros y reaseguros de 'Generali' comunica a los extrabajadores de Mercasevilla prejubilados merced al ERE de 2003, plenamente autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, que la Administración andaluza no ha "solventado la situación de impago de las primas de la póliza de seguro de referencia". "Debido al impago de primas por parte de la Junta de Andalucía, nos vemos obligados a no abonar las rentas correspondientes a esta póliza desde este mes de julio", señala dicho escrito.

EL ERE DE 2003 DE MERCASEVILLA

   Sobre el expediente de regulación de empleo acordado en 2003 en Mercasevilla, cabe recordar que cinco de sus prejubilados vieron hace meses cómo la Consejería de Empleo suspendía sus nóminas al figurar sus prejubilaciones entre las "discordancias administrativas" detectadas en la investigación interna realizada por la Junta en paralelo a las indagaciones de la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla investiga una presunta trama de falsas prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo financiados con fondos autonómicos.

   En concreto, la Junta de Andalucía, en el marco de la revisión general de las prejubilaciones financiadas con cargo a los fondos autonómicos, habría detectado posibles irregularidades administrativas en estas cinco prejubilaciones al no contar sus beneficiarios con 50 años de edad en 2003, si bien el comité de empresa alega otra cronología para el procedimiento.

EL ERE DE CARMEN FONTELA

   El ERE promovido en 2003 en Mercasevilla, como se recordará, fue plenamente autorizado e incentivado por la Consejería de Empleo, aunque en el marco de las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya, ha quedado de relieve que en este procedimiento se intentó prejubilar a María del Carmen Fontela González, una vecina de Sevilla que jamás había trabajado en la lonja hispalense. No obstante, esta falsa prejubilación no llegó a ser plenamente consumada en este ERE, en parte de cuya documentación sí figura el nombre de Fontela González como aspirante a la prejubilación.