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SEVILLA | MOVILIDAD

Sevilla adaptará su ordenanza de ciclistas a la regulación estatal

Espacios compartidos... · Lavado

E. P.
23/07/2012 13:09

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha manifestado este miércoles que dado que el Ministerio del Interior prepara una reforma del Reglamento General de Circulación para regular el tránsito de bicicletas en los núcleos urbanos, la capital andaluza tendrá que "adaptar" su ordenanza de circulación de peatones y ciclistas a "la normativa básica estatal". No obstante, ha confiado en que dicha normativa permita determinada "autonomía" a la hora de regular la circulación de las bicicletas y sus condiciones de uso.

   El Ministerio del Interior trabaja en una reforma del Reglamento General de Circulación para "limitar" la circulación de las bicicletas en las aceras y obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según ha adelantado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Actualmente, el casco es obligatorio para las vías interurbanas. La ciudad de Sevilla, como es sabido, goza desde hace años de una extensa red de carriles bici y de un servicio público de bicicletas de alquiler.

   Tras el anuncio de Jorge Fernández Díaz, el alcalde de Sevilla ha manifestado que prevalecerá "la normativa básica estatal" y Sevilla, donde desde hace varios años crece una relativa cultura de la bicicleta, tendrá que "adaptar" su ordenanza municipal de peatones y ciclistas a la legislación estatal. No obstante, Zoido ha confiado en que la regulación estatal permita "una autonomía para que, dentro de cada ciudad, se puedan dictar determinadas normas para la aplicación y uso de la norma general".

   Mientras, el grupo socialistas ha considerado "adecuada" la reforma del Reglamento General de Circulación, señalando incluso que ve conveniente "ir más allá". "Siempre que sea por la seguridad", ha indicado en rueda de prensa la concejal socialista Encarnación Martínez, el PSOE apoyará la medida, toda vez que, según ha recordado, Sevilla acoge a día de hoy un movimiento respecto al uso de la bicicleta "sin precedentes en España", con una gran cantidad de usuarios de la misma, una extensa red de carriles bici y un servicio público de bicicletas de alquiler.

   Ello deriva en la existencia de accidentes entre ciclistas y peatones, argumento usado por Martínez para justificar su respaldo a esta iniciativa, en base a la "importancia" de la seguridad. De hecho, ha avanzado un próximo plan de apoyo a los ciclos, con "nuevas medidas que serían bastante más interesantes".

   El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha insistido en que "la tendencia general" que se impondrá por ley es la "eliminación de la conducción de los ciclistas por las aceras", aunque ha matizado que "limitación" no quiere decir "exclusión", ya que "la casuística es variada" y existen aceras con carriles bici especialmente habilitados para este tipo de vehículos.

   Además, el ministro ha avanzado que el casco será obligatorio "en principio en todas las vías". Actualmente, sólo es obligatorio el uso del casco en las vías interurbanas, según el artículo 118 del Reglamento General de Circulación. No obstante, el ministro ha indicado una "diferencia de riesgos sustancial que pudiera justificar una diferencia en cuanto al uso o no uso de casco, según se trate de una vía u de otra".

   Por ello, en el proyecto de reforma en el que trabaja el Ejecutivo se contempla extender la obligatoriedad del casco para los ciclistas también a las vías urbanas "por su propia seguridad, por su propia integridad". "El mismo riesgo para su integridad existe para el ciclista cuando está conduciendo en ciudad que cuando está conduciendo en vías interurbanas", ha insistido.

   La intención es poder tener aprobada la reforma para finales de año para que entre en vigor el año que viene; el anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por ley.

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