IU defenderá este martes en el pleno una moción destinada a buscar “apoyo” institucional para el grupo de familias que, desde ya semanas, ocupa de forma irregular un bloque de viviendas de renta libre ubicado en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro.

La moción, recogida por Europa Press, expone la “experiencia” de la Corrala Utopía, las 36 familias que ocuparon el bloque de viviendas por su “situación de emergencia social” y los “graves problemas” sufridos para acceder a una vivienda, y cuyo  propósito “no es el de hacerse con la propiedad de los pisos, sino sencillamente el de disponer de un techo”, señala la moción.

El texto, además, avisa de que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido, “no sólo no se ha involucrado” en la solución del caso, sino que “ha complicado” la situación de estas familias al “cortar sin previo aviso” el suministro de agua a estas viviendas cuando las familias en cuestión habían mostrado “su voluntad de regularizar la contratación y los pagos de este servicio”.

“Tampoco es de recibo que una administración local amenace y coaccione con realizar una intervención social para quitar la custodia de los menores a los padres”, expone además la moción.
Por eso, la propuesta de IU reclama que el pleno muestre su apoyo a este colectivo de familias y que el Ayuntamiento adopte “las medidas necesarias” que las viviendas en cuestión gocen de suministro de agua y electricidad, al menos de “manera provisional, hasta en tanto no se dirima el conflicto jurídico que pudiera derivarse de la ocupación del inmueble”.

Por su parte, el grupo popular defenderá en este pleno una moción destinada a instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a transferir al Consistorio, urgentemente, el 50% de las ayudas comprometidas para los talleres de empleo y escuelas taller aprobadas para el ejercicio en curso, un total de 1.989,189,13 euros.

Zoido pide cuentas a Josefa Medrano

El alcalde de Sevilla ha instado a Josefa Medrano a dar “explicaciones inmediatas” tras trascender que la Junta le ha reclamado 52.419 euros como prejubilada en el ERE de la tabacalera Altadis.