En la Andalucía de los 883.077 parados hay quien tiene la suerte de multiplicarse e incluso de hacer piruetas para duplicar su jornada laboral. Ocurre en el sector privado, pero es un fenómeno cada vez más en auge en el público gracias, en buena medida, a la ventaja que otorgan las jornadas continuas de las que disfrutan los empleados de la Administración. Trabajar de 8.00 a 15.00, por ejemplo, invita a que un funcionario rentabilice sus conocimientos o habilidades en horario de tarde en otro destino distinto al habitual.
En el caso de la Junta de Andalucía todo empleado que opte por extender su ocupación está obligado a comunicarlo por escrito o de forma telemática a la Consejería de Hacienda, que a su vez debe resolver en un plazo máximo de tres meses. Después de analizar solicitudes el departamento que dirige María Jesús Montero ha autorizado sólo entre principios de 2014 y septiembre de 2016 (los últimos datos disponibles) 3.800 peticiones en ese sentido de trabajadores del sector público, ya fuera para ocupar un segundo puesto en otra área de la Administración o para simultanear con la empresa privada. Ese dictamen preceptivo afecta tanto a funcionarios como a interinos, eventuales y personal de confianza. Sin él, desempeñar una segunda función implica arriesgarse a una sanción.
Hay peticiones para todos los gustos, aunque las copan dos profesiones. Entre quienes piden compaginar su primera ocupación con otra sobresalen empleados del SAS y del sector educativo. El perfil tipo, según los datos de la propia Consejería, es el de un médico especialista o una enfermera con plaza fija en el sistema público de salud pero que a tiempo parcial trabaja para una clínica privada o por cuenta propia. También el de un docente de enseñanza media o superior que por las tardes prolonga su actividad en una academia o en una universidad andaluza.
Hasta ahí el cliché más usual, pero también hay limpiadoras que solicitan permiso para ejercer como peluqueras y ordenanzas con incursiones en el sector del ocio. Incluso un técnico de mantenimiento de Huelva que declara como segunda profesión la de asesor nutricional. Son excepciones, pero hay tantas combinaciones como solicitudes. La normativa de la Junta, estricta en ese apartado, sólo contempla un mínimo ramillete de ocupaciones para las que no es necesaria autorización. Por ejemplo la administración del patrimonio personal, la participación en conferencias o la elección para desempeñar una función no retribuida en un ayuntamiento o asamblea. En el resto de actividades, obviar el trámite implica castigo.
Dividir o no el trabajo
Y a partir de ahí, el debate. Ismael V. es profesor de Educación Secundaria en un instituto de la provincia de Sevilla. Dos tardes entre semana y la mañana de los sábados las dedica a una academia como docente de refuerzo. El suyo es uno de los miles de casos de empleados de la Junta que entre disfrutar de su tiempo libre o prolongar su jornada optan por lo segundo. Ingresa “un sobresueldo” y recuerda que no incurre en “nada ilegal”. Incluso ironiza con que “el Estado estará muy contento” al cotizar “por duplicado”.
Cierto que en la jungla del mercado laboral español no hay norma que imponga techo al número de empleos, pero la teoría chirría en la orilla contraria, la de quienes intentan sin éxito colar cabeza en el mercado laboral. “Si hay poco trabajo resulta un poco denigrante que quien tiene un puesto fijo acapare también el resto”. La protesta es de María M., embarcada desde hace meses en un máster que le permita ser a corto plazo compañera de Ismael. “Pero entiendo a los funcionarios: las academias buscan docentes con experiencia y yo no tengo”, asume. Algo parecido ocurre con las enfermeras: ser empleada del SAS es un plus para las clínicas.
El paraguas de la economía sumergida
Las autorizaciones son sólo la punta del iceberg legal y a partir de ahí se abren de par en par las puertas de la duda. Elevar una petición a la Consejería de Hacienda implica, por lógica, que el empleado público va a ejercer su segunda función con total transparencia a los ojos del fisco y de la Seguridad Social, ya sea cobrando también de la Administración, del sector privado o ejerciendo por cuenta propia. Sobre el resto, los que ejercen amparados por el oscuro paraguas de la economía sumergida, no hay dato alguno ni estadística.
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