Abengoa contiene el aliento y aprieta los dientes para resistir el agravamiento de la que es, desde que se desató hace ahora justo un año, la peor crisis de sus casi 75 años de historia. El reconocimiento ayer de que se cumplen los peores augurios y la empresa presentará previsiblemente mañana el preconcurso de acreedores ha desatado un aluvión de reacciones a escala nacional e internacional. De todas ellas, además de las consultas a fuentes internas de la empresa y de algunos de los bancos acreedores que lidera Santander, se deduce que el escenario más previsible es que en los cuatro meses de plazo que otorga la declaración de preconcurso la mayor empresa de Andalucía con 28.668 empleados logrará refinanciar su deuda y que se le vuelva a abrir el grifo para poder pagar a proveedores, entre otras necesidades urgentes.
En una desconocida concatenación de declaraciones públicas cuando una empresa presenta concurso, dos ministros (los de Industria, José Manuel Soria, y Empleo, Fátima Báñez), tres consejeros andaluces (Empleo, Economía y Hacienda), el presidente de la patronal española CEOE o la presidenta de la CNMV (el regulador bursátil español) confiaron ayer de manera explícita en que se alcanzará un acuerdo y pidieron un esfuerzo a la banca.
La retirada de Gestamp como socio salvador (caballero blanco, en el argot financiero), que ayer su consejero delegado Francisco Riberas aseguró que es “definitiva” no dejaba más opción que acogerse a la protección judicial. Los abogados de la empresa llevan tres semanas, las mismas en las que ha estado negociándose la carta de Gestamp a tres bandas con la banca, preparando un posible preconcurso en los juzgados, según fuentes jurídicas.
Pero, si ese acuerdo no se alcanzara, así y la empresa acabara declarando el concurso (antigua suspensión de pagos), la deuda bruta total de 8.800 millones de euros lo convertiría en el mayor de la historia de España y en el primero de una cotizada en el Íbex 35.
Las acciones de la empresa sufrieron ayer el mayor desplome desde que debutó en el parqué en 1996: un 53,8%, hasta 0,42 euros. El Comité Técnico del Íbex decidió ante ello ayer excluirla del índice desde mañana. Abengoa vale hoy sólo 300 millones, pero el pasivo financiero y laboral que arrastra la convierten en una organización “demasiado grande para caer”, como se suele decir en los mercados internacionales.
Por ello, y según otras fuentes empresariales consultadas, los bancos (fundamentalmente Santander, HSBC, Popular, Sabadell, Caixabank y Crédit Agricole) y la empresa trabajan desde el mismo martes por la noche sobre la base de usar una posibilidad que recoge la ley concursal, fruto de unas de las reformas introducida en ella en esta legislatura por el ministerio de Economía. En concreto, la opción de llegar a un “acuerdo homologado” por el juez de lo Mercantil, de Sevilla, que asuma la gestión del preconcurso. Con esta figura, los bancos se aseguran que el nuevo crédito que aporten estaría blindado con garantías concretas en caso de que, pese a la firma de este acuerdo, hubiera que declarar concurso.
Otras condiciones
Este acuerdo homologado define a acuerdos de refinanciación que amplíen significativamente el crédito disponible para la empresa en preconcurso, modifiquen o extingan obligaciones financieras “siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo”. De hecho, la ley exige que, si se alcanza un acuerdo de este tipo, la empresa no puede negociar otro en el plazo de un año al menos.
Además del acuerdo entre las partes, se exige la certificación del auditor sobre si las condiciones de la refinanciación son realmente las que necesita la empresa para sobrevivir. Otro elemento que facilita esta opción es que se rebaja del 60% al 51% el porcentaje de deuda en manos de acreedores que debe respaldar el acuerdo para que el juez lo autorice. El resto de empresas que mantengan deudas con Abengoa y no apoyen el pacto se verán obligadas a aceptarlo, en condiciones diferentes y reguladas por la ley. En las negociaciones entre Gestamp, Abengoa y la banca, el grupo industrial vasco pidió un apoyo financiero de entre 1.500 y 2.000 millones. La banca sólo estaba dispuesta a ofrecer 800 millones.
A tenor de los datos de exposición total de la banca española y extranjera (que es la más reticente a aportar más fondos) a Abengoa, esta sumaba 22.264 millones a octubre pasado. Alcanzar ese 51% supondría poner de acuerdo a 34 entidades, que suman 10.356 millones de deuda. El banco más expuesto es Santander, con 1.551 millones. No obstante, el volumen de la deuda que se incluya en las negociaciones se desconoce -el preconcurso ni siquiera se ha presentado-, aunque la declarada por la empresa en sus resultados hasta septiembre roza los 9.000 millones brutos. La diferencia entre una cifra y otra procede de añadir a esa cantidad las líneas de circulante (para el funcionamiento ordinario) por 7.630 millones y deudas ligadas a proyectos concretos suman 10.033 millones, parte de las cuales no aparecen en esos 9.000 millones de deuda consolidada bruta.
El Gobierno central y la Junta de Andalucía solicitan a la banca un esfuerzo más. La cercanía de las elecciones del 20D juega a favor de Abengoa. Y, aunque bancos y Gestamp no llegaron a un acuerdo financiero, sí que coincidían en que la etapa de Felipe Benjumea como presidente de honor, y gestor en la sombre desde que dejó de ser presidente ejecutivo el 23 de septiembre, debe terminar ya. Quién lidere la empresa y qué parte del capital retengan las aún familias propietarias será punto clave en la negociación. Cualquier pacto, pese a todo, será peor que el mejor que pudiera haberse logrado en los últimos cuatro meses.
Empleados y proveedores
Los 28.668 empleados de Abengoa distribuidos por todo el mundo, que era la plantilla media de la empresa a final de septiembre, observan desde hace meses pero especialmente ayer con enorme congoja lo que ocurre en la empresa. &.593 de ellos están en España, y de ellos 4.000 en Sevilla. Bajando más al detalle, dos mil trabajan en la sede central de Palmas Altas.
Aunque la empresa niega oficialmente que vaya a hacer ningún ERE, desde julio pasado esta opción se baraja por parte de la firma, que ha contratado a un importante despacho de abogados para ello. Las cifras del recorte en Sevilla -que ya ha comenzado con la comunicación de la finalización de su contrato a decenas de empleados con una relación laboral por obra y servicio, fórmula mayoritaria en la empresa- estaría entre los 700 y los mil puestos de trabajo. A nivel mundial, fuentes internas no oficiales apuntan a hasta 4.000 trabajadores.
A ello se añaden los ajustes de empleo que tengan que hacer sus miles de proveedores, cientos de ellos andaluces, a los que les debe 5.470 millones. Algunos, esos sí, acabarán suspendiendo pagos.
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