El Ayuntamiento de Sanlúcar tendrá que pagar otros 45.000 euros por una factura de mediados del año 2007 relativa a viajes a Doñana organizados por el entonces Gobierno del Partido Popular para personas y colectivos, de los que, según el actual gobierno municipal “no se tiene ninguna constancia en el Consistorio”.
Así lo dicta la primera sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz, que desestimó la demanda interpuesta por la empresa onubense que gestiona este tipo de viajes por el Coto, pero tras cuyo recurso de apelación el TSJA obliga ahora al Ayuntamiento a abonar este dinero en virtud del principio de “prohibición de enriquecimiento injusto” de la Administración.
El Juzgado de lo Contencioso reconocía en su sentencia que el Ayuntamiento de Sanlúcar, en fechas previas a las elecciones municipales de 2007, puso en marcha el programa ‘Conozca Doñana’, que generó una factura de 45.360 euros a favor a la empresa que se encarga de estos servicios en la provincia de Huelva.
Sin embargo, según este tribunal, no queda acreditada la prestación del servicio, no se justificó la relación de personas ni colectivos que participaron y no había reserva de crédito para su realización, y así como tampoco se llevó a cabo la supuesta contratación de acuerdo con la normativa que rige las contrataciones de las administraciones públicas.
“En el Ayuntamiento de Sanlúcar no hay prueba de que viajaran a Doñana 1.890 personas como supuestamente hicieron y reclamaba la empresa, ni cuáles fueron las fechas ni horarios de los viajes, ni quienes fueron los monitores responsables. Es decir, se trataba de unos viajes ‘fantasmas’ en época de precampaña electoral”, recoge el escrito por el que el Consistorio sanluqueño ha dado a conocer este nuevo varapalo a las arcas municipales.
Otros casos
En esta línea, desde el Gobierno municipal formado por PSOE y Ciudadanos constatan que esta forma de actuar, sin tramitación administrativa alguna, “ha dejado en herencia otras muchas facturas que el Ayuntamiento no reconoció y que poco a poco se va viendo cómo implican directamente a la gestión del anterior Gobierno del PP, ya que no es la primera factura de este tipo reclamada en los tribunales”.
Recientemente el Ayuntamiento sanluqueño ha tenido que pagar 500.000 euros a la empresa Verinsur por los servicios prestados en el periodo de septiembre de 2005 a mayo de 2007, adjudicados sin procedimiento de adjudicación, ni tan siquiera consignación presupuestaria para tal servicio.
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