Más de un centenar de personas se dieron cita ayer en el salón de actos del colegio Maestra Caridad Ruiz de La Algaida para participar en la sesión propuesta por el Ayuntamiento para informar a los habitantes de la zona sobre la delimitación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable, de acuerdo al Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía. El objeto de este decreto es regular la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable y establece vías para el reconocimiento de estas construcciones en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de circunstancias particulares.
En el documento elaborado por la GMU, además de edificaciones aisladas, se recogen los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) de San Jerónimo, Callejuela o Madre del Agua, y los ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos) como la Colonia Monte Algaida y Los Llanos. Las edificaciones que no podrán acogerse a esta figura son las que se encuentren en Suelos Protegidos, en Suelos destinados a Dotaciones Públicas, en parcelaciones ilegales o sobre las que pese sentencia firme.
Aunque el Ayuntamiento mantiene abierto un punto de información permanente en la GMU desde que en septiembre de 2013 se puso en marcha este proceso, teniendo en cuenta que es La Algaida la zona de la localidad donde existe mayor número de viviendas que pueden acogerse a lo planteado en el Decreto de la Junta, el Gobierno local decidió convocar esta sesión informativa, en la que participaron el delegado especial de Bonanza y La Algaida, Rafael Louzao, y la responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Mónica González.
El encuentro sirvió para que los vecinos de La Algaida conocieran las peculiaridades urbanísticas de la zona, disiparan dudas sobre el proceso de regularización y lo que supone regular la situación de la vivienda, un paso que significará ventajas y opciones para sus propietarios tales como la inscripción en el Registro, la posibilidad de hipotecarse o simplemente la de realizar mejoras en las viviendas sin que suponga una ilegalidad.
En Sanlúcar pueden acogerse a este Decreto alrededor de 3.500 viviendas.
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