Durante la última semana, a la vez que ha ido aumentando el número de familias de okupas que han entrado en varias edificaciones abandonadas, los servicios sociales municipales han ido visitando estas casas para constatar las necesidades de los vecinos que han ocupado de manera ilegal estas viviendas.
Del informe elaborado por los técnicos de servicios sociales se desprende que el número de familias que en la actualidad se encuentran ocupando estas viviendas - ya hay ocho bloques ocupados - es menor del que se ha dado a conocer por los propios okupas. Los servicios sociales sólo han podido localizar a 46 familias de las más de 80 que existirían, según los datos facilitados este viernes por el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, quien dio a conocer que, de estos, 16 son usuarios de los servicios sociales, en cuanto a la percepción de algún tipo de ayuda social y, sólo 7, están inscritos en el Registro municipal de Demandantes de Vivienda. Del informe se desprende, además, que si bien existen familias cuya situación es “muy complicada, víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión” según palabras del propio alcalde, “hay otras que constan como titulares de viviendas sociales de la Junta de Andalucía o que las han vendido en los últimos años”.
En este sentido, la máxima autoridad local apuntó la “prioridad” que desde el Consistorio dan a los informes elaborados por los servicios sociales, a la hora de atender las necesidades de las familias que se encuentren en situación de exclusión social.
En relación a los acuerdos adoptados en el pasado Pleno municipal, junto a estos informes de los servicios sociales, el Ayuntamiento de Sanlúcar ya dispone de un censo de viviendas que se encuentran en propiedad de los bancos, promotores o particulares que adquirieron una construcción que, a consecuencia de la crisis, no les fue entregada. Se trata de edificaciones susceptibles de ocupación para las que el Gobierno municipal solicita, por un lado, el refuerzo de la vigilancia policial de cara a garantizar la seguridad y la propiedad privada en el municipio y, por otro, de identificar aquellas viviendas que podrían entrar en negociación entre la Consejería de Vivienda y las entidades bancarias propietarias de cara a ofrecer a estos ciudadanos un alquiler social.
Sin embargo, del censo elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) también se desprenden situaciones complejas ya que, el abandono de estas edificaciones durante los últimos años, ha provocado que, en varios casos, hayan sido objeto de robos y sea necesaria llevar a cabo una inversión considerable, por ejemplo, para sustituir todo el cableado de cara a la habitabilidad de las viviendas. Otras no pudieron ser entregadas a sus propietarios una vez finalizadas las obras porque los constructores y encargados de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, no entregaron la certificación pertinente por lo que, en teoría, se trata de construcciones que no tienen garantizada la habitabilidad. Víctor Mora se refirió a la ilegalidad de conceder los suministros de luz y agua a estas construcciones como ha solicitado el grupo de Izquierda Unida, apelando a su responsabilidad. “Muchas de estas viviendas no tienen licencia de primera ocupación, es imposible dar estos suministros, primero porque no tienen las garantías totales de que se puedan habitar y segundo, que IU sabe que es ilegal que se le pueda dar luz y agua, por lo que no entendemos que en lugar de solicitar la responsabilidad que tiene su consejería, estén engañando a muchos ciudadanos”.
ALARMA SOCIAL
El alcalde trasladó ayer su preocupación ante la petición trasladada al Subdelegado del Gobierno, Javier De Torre, para que aumente la presencia policial por el clima de “alarma social” que se está produciendo en la ciudad a raíz de la ocupación de viviendas y ante el temor del efecto llamada que pueda tener esta situación. Ante la respuesta dada por el Subdelegado del Gobierno, “en la que no ha mostrado ningún apoyo a la ciudad”, Mora señala que no se ha solicitado que desaloje las viviendas, ya que sobre este respecto se tendrán que pronunciar los jueces, sino que aumente la dotación policial, remitiendo a la Subdelegación del Gobierno el informe de aquellas viviendas existentes en el municipio que pudieran ser susceptibles de ocupación. De igual forma, el regidor sanluqueño señaló que “hay personas que están alentando las ocupaciones” si bien no quiso señalar a ninguna organización ni partido político en concreto. “Hay muchas personas jóvenes que podrían tener problemas con la justicia en un futuro y deberían decirle la verdad”, apuntó el alcalde de la ciudad.
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