Con la aprobación definitiva de la disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) llevada a cabo esta tarde con 46 votos a favor (PSOE e IU) y 17 abstenciones (PP y Grupo Mixto), los 42 millones de deuda que acumula la entidad pasan directamente a manos de los ayuntamientos miembros (siete de Sevilla y cuatro de la provincia de Cádiz).
Serán los once municipios miembros del recién extinguido ente supramunicipal los que, a partir de ahora y en un plazo de 60 días, tengan que hacer frente a los pagos a proveedores, trabajadores y Seguridad Social y Hacienda. En total, 42 millones de euros que se han visto notablemente reducidos al aceptar la Junta de Andalucía asumir 10 millones del coste del sellado de los dos vertederos que gestionaba la Mancomunidad y que habían supuesto uno de los escollos que se había encontrado la presidenta de la entidad, la alcaldesa lebrijana María José Fernández, para poder alcanzar un acuerdo que permitiera disolver una entidad que desde el año 2013 estaba en quiebra.
El dsafortunado final de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir se resume en los datos aportados hoy por su presidenta. "En 2013 teníamos una entidad que debía las nóminas de más de 500 trabajadores, cursos que no podían funcionar porque no había ni un céntimo para materiales, no podíamos recibir más subvenciones porque había expedientes de reintegro, no había dinero para pagar y justificar, una deuda con acreedores y proveedores de más de 15 millones de euros, un parque de maquinaria obsoleto, los ayuntamientos debían 9 millones de euros de sus cuotas... no había ninguna posibilidad de viabilidad", resumía Fernández, quien ha pedido disculpas a los trabajadores y proveedores por el "descalabro" económico y moral al que se han visto sometidos como consecuencia de una "gestión desastrosa" de la que "los jueces serán los encargados de condenar a los responsables", en alusión a la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de la denuncia del Partido Popular.
Los más beneficiados por la aprobación de la disolución de la Mancomunidad serán los trabajadores y los proveedores, que ven ahora más cerca la posibilidad del cobro de sus deudas. El presidente de la Plataforma de afectados por el cierre de la Mancomunidad, Manuel Ángel Caro, valoraba positivamente el paso dado por los miembros del Pleno de la entidad. "Esto no supone que vayamos a cobrar la deuda de forma inmediata pero es un primer paso", señaló el portavoz de la Plataforma.
Sin embargo, las consecuencias de la disolución del ente pesan especialmente sobre los ayuntamientos miembros, sobre todo los de la provincia de Cádiz. Sanlúcar, con la mayor cuota de participación en la Mancomunidad, deberá asumir casi 11,6 millones de euros, Chipiona 7,1 millones, Rota 5,5 millones y Trebujena 1.2 millones de euros. Unas cantidades que podrían llegar a colapsar las arcas de estos consistorios.
De ahí que el acuerdo de disolución que se ha aprobado este martes incluya entre los puntos solicitar a la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía que arbitre un mecanismo que facilite a los ayuntamientos mancomunados el pago de sus obligaciones de una manera asumible, tanto desde el punto de vista temporal como económico y que, en ningún caso, ponga en peligro la supervivencia de los respectivos ayuntamientos".
Los alcaldes tienen por delante dos meses de gestiones ante las distintas administraciones para poder hacer frente a la deuda heredada. Según la presidenta de la mancomunidad, que ha mantenido contactos tanto con representantes del Estado como de la Junta y Diputaciones de Sevilla y Cádiz, "la percepción es positiva y creo que sólo falta encontrar el mecanismo que les permita ayudar a los ayuntamientos para que esta deuda no los colapse".
En el caso del Ayuntamiento de Sanlúcar, su alcalde, Víctor Mora (PSOE), ha manifestado esta tarde su intención de seguir reclamando ayuda a las distintas administraciones, para lo que ha anunciado que solicitará una reunión con el presidente de la Diputación provincial, José Loaiza (PP). Mora ha defendido la votación del grupo socialista de Sanlúcar - que en la liquidación provisional votó en contra - señalando que el principal argumento en aquel momento era la inclusión de los costes de sellado de los vertederos, que ahora se han eliminado, por lo que "hemos votado desde la responsabilidad con los trabajadores y los proveedores, convencidos de que era necesario dar solución a este problema".
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