La Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir, que agrupa a los trabajadores y proveedores de la Mancomunidad y de su sociedad Gesalquivir, ha exigido que se agilicen las ejecuciones de las sentencias para cobrar sus salarios.
Para ello, los afectados, unos 150 trabajadores a los que se les adeuda unos siete millones en salarios e indemnizaciones por despido, han solicitado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, para pedirle que se agilicen las ejecuciones de sentencias firmes dictadas por Juzgados de Sevilla y Cádiz a favor de los trabajadores y proveedores de la Mancomunidad.
En estas sentencia -de las que aproximadamente la mitad son firmes- se condena a la Mancomunidad y a los once ayuntamientos que la integran al pago de las nóminas adeudadas y de las indemnizaciones por despido, en unos casos de forma solidaria y en la mayoría de manera subsidiaria, por lo que los trabajadores y proveedores sólo podrán solicitar la ejecución de sentencias firmes una vez que se liquide legalmente la Mancomunidad, actualmente en proceso de disolución por una deuda que supera los 52 millones.
Por esta razón, la Plataforma ha denunciado que su presidenta y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, y el resto de alcaldes -Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota-, "siendo los responsables de la desastrosa gestión de la Mancomunidad, no tienen ninguna voluntad de alcanzar un acuerdo para aprobar su liquidación".
Según los afectados, desde que se apruebe la liquidación de la mancomunidad cada uno de los ayuntamientos se vería obligado a asumir el pago a proveedores y trabajadores de su porcentaje correspondiente de los más de 52 millones de deuda generados por la corporación supramunicipal.
Esto, según la plataforma, les "abocaría a la quiebra al no poder hacer frente ni al pago de las nóminas de los empleados municipales ni al de los servicios prestados a los ciudadanos".
Además, la plataforma sospecha que la negativa de los alcaldes a liquidar la Mancomunidad tiene como trasfondo la falta de ayuda económica por parte de las administraciones, principalmente la Junta y las Diputaciones de Sevilla y Cádiz, para que los Consistorios afronten los pagos.
Esta plataforma ha solicitado formalmente y por segunda vez una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien tras la primera carta enviada el pasado 27 de enero, sigue sin poner fecha a dicha reunión.
Asimismo, consultará con el presidente del TSJA los procedimientos jurídicos necesarios para instar judicialmente a la presidencia de la Mancomunidad a convocar el pleno de liquidación de definitiva, pues considera que dicha convocatoria no puede demorarse por tiempo indefinido hasta que quieran los alcaldes
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