El conflicto que mantiene la plantilla de la Policía Local y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda se ha vuelto a reavivar en los últimos días. La celebración de una procesión el pasado sábado por la noche, con el traslado de la imagen del Cristo de la Sed desde la Basílica de La Caridad hasta la Parroquia de La O, en el Barrio Alto sanluqueño, puso de manifiesto la decisión adoptada por los agentes del turno de noche de la Policía Local, que no acudieron a cumplir con el dispositivo establecido para esta salida procesional. El cortejo y la imagen tuvieron que ir sorteando los coches que estaban aparcados en las calles por donde estaba prevista que pasara la procesión, y que ni siquiera estaban señalizadas. Finalmente fue una patrulla de la Policía Nacional la que se encargó de abrir paso a la procesión.
Según ha podido confirmar este periódico, tres agentes presentaron una baja médica el mismo sábado por la tarde, mientras que otros seis funcionarios se personaron en las dependencias de la Jefatura Local a las nueve de la noche solicitando horas sindicales. Tan sólo dos agentes quedaron esa noche cubriendo la seguridad del municipio: uno en la puerta y otro atendiendo las llamadas centralizadas con el servicio de emergencias 112.
Esta situación provocó que agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieran que atender las demandas de seguridad ciudadana durante las jornadas del sábado por la tarde y el domingo. Accidentes de tráfico y otras llamadas ciudadanas protestando por fiestas en casas particulares o por la presencia de jóvenes haciendo botellón fueron asumidas por los agentes de la Policía Nacional, pese a lo que desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Sanlúcar han manifestado su apoyo a los compañeros de Policía Local y han instado al equipo de Gobierno a “sentarse a negociar” con la plantilla de la Policía Local. El secretario local del SUP, Federico Rueda, ha denunciado a través de un comunicado de prensa "la manipulación ejercida por el actual Jefe de la Policía Local, Rafael Ávila, presionando a los trabajadores para que realicen los servicios extraordinarios que no quieren realizar”. En este sentido, el SUP ha recordado el protagonismo de Ávila en la anterior huelga de funcionarios del Ayuntamiento de Sanlúcar en el año 2005 y ha censurado que, en aquel momento liderara una huelga contra el entonces equipo de Gobierno “y hoy vayas contra tus compañeros”.
En cuanto a la postura del equipo de Gobierno, el SUP pide “cordura” y que actúen “con responsabilidad y sin presiones”. “Todo es fácilmente solucionable. Sólo hay que sentarse y dialogar y no amenazar con expedientes ni personas como Rafael Ávila”. De igual forma, aclaran en la nota remitida a los medios que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía “realizarán el servicio que legalmente nos corresponda y que nuestros jefes directos nos ordenen, ya que siendo legal no podemos oponernos, si bien apoyamos a los compañeros de la Policía Local”.
Hay que recordar que el conflicto entre Policía Local y equipo de Gobierno arrancó la pasada Semana Santa, cuando incluso fue necesaria la convocatoria por urgencia de una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad para cubrir los servicios extraordinarios que los agentes de la Policía Local se negaron a cubrir señalando la necesidad de que el Gobierno local atendiera sus demandas en cuanto a la ‘sobrecarga’ de la plantilla y las deficiencias que presentarían algunos de los vehículos que los funcionarios emplean para realizar su trabajo.
En el fondo del asunto, sin embargo, también existía una motivación económica. Distintas fuentes han señalado a este medio que el servicio extraordinario de Semana Santa supone para los funcionarios de Policía Local el ingreso de alrededor de 1.000 euros. El compromiso -vía convenio - con la plantilla era el de actualizar al 4% anual esta cantidad, si bien para la pasada Semana Santa el Consistorio señaló que sólo podrían asumir una subida del 3%. Fue entonces cuando comenzaron las protestas de los agentes, representados por el Sindicato Independiente, CSIF y CCOO, si bien siempre negaron que existieran motivos económicos detrás de sus reivindicaciones y manifestaron públicamente que sus quejas obedecían, entre otras cuestiones, a problemas con la emisora, a la necesidad de cubrir las vacantes existentes en la plantilla y denunciaron supuestas irregularidades con vales de comida para el embarque del Rocío y el cambio de piezas entre vehículos patrulla para poder pasar la ITV.
Desde el equipo de Gobierno no han querido pronunciarse aún sobre estos hechos, aunque por circunstancias parecidas, en el traslado extraordinario de la Hermandad de la Sagrada Cena a Bonanza tras una lluviosa jornada en Semana Santa, fue expedientado el agente de la Policía Local y portavoz del Sindicato Independiente, José Diego Salas, al que el Gobierno municipal consideró responsable de haber cometido una infracción muy grave, al haber puesto en riesgo la integridad del cortejo y de las personas que acudieron a ver la procesión, ya que tampoco se estableció el dispositivo adecuado de corte de calles, alegando el responsable que había otras prioridades señaladas en la hoja de servicio de aquella noche.
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