Braulio Medel, presidente de Unicaja, anunció que llevaría a cabo una reducción de los costes laborales del 20 por ciento y ha comenzado a hacerlo sin negociar con los sindicatos, aplicando un plan de reestructuración de oficinas, que afectará a casi un centenar, del que sólo se ha limitado a poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores, que siguen esperando la llamada de la empresa para negociar y presentarles sus propuestas sobre prejubilaciones, de las que aún ni siquiera se ha hablado.
Unicaja, en espera de que Ceiss cumpla sus condiciones para hacerse con ella y que le autoricen a reducir la cobertura de sus preferentes hasta los 200 millones, ha comenzado de forma unilateral su particular reestructuración, centrada básicamente en aquellas oficinas con pérdidas o en aquellas con más cercanía a otras sucursales en las que tampoco gustan las cuentas de resultados.
La operación afectará a 97 oficinas, la mayoría ubicadas en Andalucía, y hasta final de este mes de junio se espera que haya concluido con el cierre de 24, lo que afectará a más de 200 trabajadores, según el sindicato Secar, que reconoce que, por ahora, la operación se está realizando sin afectar excesivamente a la plantilla, reincorporándolos en otras oficinas deficitarias o en los servicios centrales.
Aún así, el plan, que cuenta con la oposición de UGT, continuará en septiembre y “no sabemos cómo seguirá”, dicen desde Secar, que apuntan que ya se están ahorrando costes con la no contratación de sustituciones.
La planificación nunca ha sido objeto de negociación con los sindicatos, a los que la dirección presentó el plan de manera cerrada y sin aclarar cómo influye en los datos generales de ahorro, de un 20%, que pretende Unicaja.
Es más, los sindicatos siguen esperando que la empresa se siente negociar desde que en enero se anunció que se abordaría la reducción de los costes laborales. Desde entonces, sólo ha habido mesas que afectan a determinados aspectos del convenio colectivo, como puede ser la regulación del horario laboral.
Los sindicatos insisten en que, si hay que reducir costes, antes que despedir o bajar salarios, hay que abordar un verdadero plan de jubilaciones, ya que existen entre 300 y 400 empleados susceptibles de acogerse a una medida que, reconocen, será más difícil pactar con las nuevas condiciones que impone el Gobierno central.
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