"Se rescatan empresas, no familias". La concejal no adscrita Inmaculada López se muestra así de tajante al hablar sobre la propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno ha presentado al próximo pleno en relación con la empresa de suelo isleña ESISA a tavés de una "maniobra" por el equipo de gobierno carga al erario público cerca de cuatro millones de euros por la nefasta gestión política de empresa de vivienda y suelo.
En palabras de la edil, “el Ayuntamiento de San Fernando, gobernado por PSOE – PA, se muestra más dispuesto a perdonar deudas millonarias de empresas que a ayudar a las familias isleñas para que puedan llegar a fin de mes. Cuando presenté el mes pasado una moción dando solución al embargo que muchos vecinos y vecinas de esta ciudad padecen mensualmente en sus cuentas bancarias, el gobierno de esta ciudad votó no. Votó no a algo que ayudaba a las familias, a algo que era una solución totalmente legal y viable, algo que se hace en otros ayuntamientos del país. Sin embargo, pretenden asumir casi 11 millones de euros de una empresa opaca, sin que se dirima ningún tipo de responsabilidad, ni por su gestión, ni por posibles ilícitos penales, si los hubiera”.
Inmaculada López se refiere a la asunción de ciertos gastos que pretende el consistorio respecto a la empresa ESISA, una empresa que acumula casi once millones de deuda, y que más pronto que tarde será deuda asumida por el propio Ayuntamiento.
La propuesta de pleno a la que hace referencia la concejal se traduce en tres puntos de acuerdo. El primero de ellos se trataría de realizar una auditoría de ESISA de los ejercicios 2016 y 2017.
La edil ha solicitado que dicha auditoría se realice sobre los diez últimos años, ya que, considera que hacerla de los dos últimos constituye un engaño para la ciudadanía, y un intento de manipulación.
Asegura que lo interesante de la gestión de ESISA se encuentra en los últimos diez años, que es la época del boom inmobiliario, la época de bonanza de la empresa, época en la que se manejaba dinero y había actividad, y en la que pudiera existir algún tipo de irregularidad. Para Inmaculada, hacer una auditoría de los dos últimos años es un sinsentido, una maniobra política sin ninguna ambición de depurarresponsabilidades, un lavado de cara para quedar bien.
“En estos dos últimos años la empresa no ha tenido actividad, la empresa está en quiebra, ¿qué hay que auditar ahí, si solo hay deudas? Además, desde el comienzo del mandato, ESISA ha estado en manos de Claudia Márquez, concejal del Partido Socialista, con lo cual, si ha habido alguna irregularidad no es en este periodo. Eso está claro. Se pueden ahorrar los 70.000€ que cuesta la auditoría, porque de ahí no van a sacar nada, y lo saben”, dice López.
Junto con la auditoría se pretenden llevar a cabo otras dos acciones, "a cada cual peor". Que el Ayuntamiento perdone alrededor de 3.740.035,90 de euros a la empresa, siendo esta la deuda que acumula con el consistorio en concepto de dividendos, y que el Ayuntamiento asuma el coste que supone la tramitación de la alteración en la calificación jurídica del subsuelo en los aparcamientos y trasteros de la Plaza Emperador Carlos y UE 36 Coronación, en Ronda del Estero, para que estos puedan ser enajenados por la empresa, ya que la empresa no dispone de dinero para llevar a cabo este trámite.
“Lo que se pretende es salvar a la empresa ESISA sin que importe absolutamente nada de su gestión antigua. Sin que nadie responda de ella”, expone la edil. “Hay que recordar que ESISA lleva varios años sin actividad, en quiebra, e inmersa en causa legal de disolución, y el PSOE se quiere colgar los galones de salvarla y reavivarla, pero eso si, a cargo del erario público”.
“Está muy bien que se quiera salvar la empresa, de hecho, necesitamos una empresa pública de suelo que funcione, que promocione vivienda pública, pero debe hacerse depurando responsabilidades. No puede ser que lo de atrás no cuente. No puede ser que haya empresas públicas de las que no se sepa nada acerca de su gestión, y que luego sus desmanes los paguemos todos”.
López se niega "rotundamente a ser cómplice de este atropello", y votará no a la propuesta si esa auditoría no se eleva a ejercicios anteriores al gobierno del PSOE. Solicita se haga una auditoria de 10 años, y que se depuren responsabilidades, si las hubiese. Se niega a "ser cómplice de un lavado de cara".
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