El concejal de Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, ha exigido al Gobierno central la reforma “urgente e inmediata” de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita a los gobiernos municipales adaptarse al nuevo ordenamiento fiscal surgido al amparo de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), después de que éste haya anulado el pago del tributo en los casos de las ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas.
El TC ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto conocido como de plusvalía municipal, circunstancia que sólo en la provincia de Cádiz afecta a más de 12.500 personas.
El impuesto que aplican los ayuntamientos se rige por una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo, multiplicándolo por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta, pagándolo siempre el vendedor aunque el inmueble se haya vendido con pérdidas, circunstancia que provocó una serie de recursos al Constitucional que ahora han originado el dictamen unánime del tribunal, que deja exentos de este pago a quienes venden sin ganancias en la operación.
El hecho de que el cobro de este impuesto se declare nulo por parte del TC -aunque exclusivamente para quienes obtienen pérdidas en la venta- afecta directamente a las arcas locales, como indica el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento isleño, que recuerda que, junto con el IBI, el de plusvalía es el impuesto del que se nutren mayoritariamente las administraciones locales.
Por ello, la reclamación de la devolución de este tributo “vendría a desequilibrar el balance municipal de ingresos y gastos, en tanto que esas cantidades deben ser reembolsadas a los pagadores”. Por ello, Rodríguez señala que “la administración más cercana a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, no puede verse perjudicada por una situación que debe solventar el gobierno de la nación cambiando la legislación”.
En este sentido, desde el gobierno municipal se reclama al gobierno central “una reforma que nos permita a los ayuntamientos adaptar las ordenanzas fiscales municipales a lo que establecen las sentencias, con el objetivo de evitar que los isleños e isleñas se vean perjudicados cuando realmente no han obtenido esta supuesta plusvalía. No podemos cobrar un impuesto sobre un concepto que no se ha producido, al no contabilizarse ganancia alguna en la venta de esos inmuebles, pero tampoco podemos perder capacidad recaudatoria”.
El concejal de Gestión Presupuestaria recuerda que los ayuntamientos establecen sus ordenanzas municipales recaudatorias ajustándolas a la normativa marcada por el gobierno central. “Por lo tanto -afirma- hasta que no se modifique, la administración local no tiene posibilidad de cambiar los términos de su ordenanza”.
Precisamente, y con respecto a la orden que establecen los dictámenes del TC de proceder a la devolución del cobro efectuado por este concepto por parte de los ayuntamientos, Conrado Rodríguez ha reclamado al Ministerio de Hacienda la necesidad de que se adopten medidas compensatorias con las administraciones locales en el momento en el que los ayuntamientos se vean obligados a esta reembolso. “Estamos hablando de más de dos mil millones de euros en todo el territorio nacional que los municipios se verán abocados a devolver”, apostilla Rodríguez.
“A Montoro no le queda otra que acatar la Ley”
El concejal de Gestión Presupuestaria ha lamentado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, haya ignorado la realidad económica de los ayuntamientos al manifestar que es “inadecuado” pedir al gobierno una compensación por las devoluciones del impuesto.
“Es un ejercicio de cinismo decir que el gobierno del PP acepta las sentencias del TC como “una corrección técnica” de impuesto. A Montoro no le queda otra que acatar la ley en este sentido y revisar la financiación local, algo que debe llevar a cabo y escuchar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, Abel Caballero, ya ha manifestado que está estudiando el asunto a fondo y ha recordado que lo declarado inconstitucional no es el impuesto sino la fórmula empleada, por lo que es el gobierno el que debe decidir, que ya además ha venido en estos años siendo advertido por la FEMP de que esto iba a suceder”.
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