Ha ido hasta ahora el mayor fracaso de los socialistas desde que gobiernan. Había sabido convencer a unos y a otros pero a lo largo de estos dos años los incumplimientos de los acuerdos con otros grupos, caso de Ciudadanos que ya ha adelantado que no se compromete a apoya el presupuesto de este año, está minando la credibilidad del Gobierno municipal.
A ello se unen los muchos reparos de Intervención a las operaciones económicas, que independientemente de que el interventor vea ahora más y mejor que antes de 2009, demuestran que las cosas no se están haciendo bien, que alguien no tiene idea de cómo debe trabajar la Administración o bien está –o están- acostumbrados excesivamente a los chanchullos. Porque es una detrás de otra.
El Pleno ordinario de abril se ha saldado con dos varapalos históricos –para este Gobierno, que de ahí no pasa- como ha sido el no rotundo a una Ordenanza de usos de la calle Real para armonizarla con el paso del tranvía. No rotundo de toda la oposición que en este caso traduce los efectos de la política que se puede llamar de todo menos transparente, que está llevando a cabo Patricia Cavada.
Este mismo jueves, por la mañana, llegaba la noticia de que el Gobierno se había reunido con los sectores afectados por el paso del tranvía, los profesionales de los distintos gremios. O sea, que lo que se llevaba a Pleno no estaba consensuado con nadie sino que simplemente se les había comunicado.
El no a la Ordenanza de la calle Real deja en un compás de espera un instrumento que es necesario, mientras que el otro varapalo al Gobierno deja en una posición muy delicada a empresas y a trabajadores que prestan servicios al Ayuntamiento. O sea, al municipio. Y no sólo a la que reclamaba una factura de 58.000 euros por servicios de todo un año que estuvo trabajando con un contrato verbal, sino que crea una situación de inseguridad para otras que están en similares circunstancias. Empresas pequeñas para las que esas cantidades son vitales si quieren mantener la actividad y los puestos de trabajo.
En este caso el propio Gobierno municipal dejó sobre la mesa el punto en cuestión, el reconocimiento de facturas de la empresa que ha prestado el servicio de recogida de animales. Que no es la única.
La incapacidad para resolver contratos grandes y pequeños por parte del equipo de Gobierno está paralizando la ciudad con todas sus consecuencias. Y lo peor es que lo que pide a los demás grupos es que ampare irregularidades certificadas por la Intervención cuyo posicionamiento a favor o en contra puede tener consecuencias administrativas e incluso penales para los concejales. O sea, el peor camino para aunar voluntades un Gobierno en minoría.
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