En el año 2006 Javier Baeta causó baja en las Fuerzas Armadas por una pérdida de actitud psicofísica, o lo que es lo mismo, se le concedió un 33 por ciento de invalidez.
Tras pasar a dicha situación, en el año 2007 solicitó la execión del impuesto de circulación de su vehículo -conocido como ITVM- y la Junta se lo concedió por dos dos años revisable y, una vez pasó ese tiempo, le fue retirado y, desde entonces, cada año ha tenido que hacer frente al pago de dicho impuesto, pese a tener certificada esa invalidez del 33 por ciento por parte del Ministerio de Defensa.
Desde entonces ha procurado defender sus intereses como ciudadano y siempre con la misma respuesta por parte del Ayuntamiento, es decir, que tenía que pasar por taquilla ya que el único certificado que le era válido era el emitido por la Junta, pese que al que tenía del Ministerio de Defensa, por Ley, tiene efectos en todo el territorio nacional.
Desde el 2009 y hasta el 2015 siempre encontró la misma respuesta por parte de la Administración autonómica, es decir, que no le equiparaba el certificado que desde el Ayuntamiento se le solicitaba porque, sencillamente, le valía con el que poseía del Ministerio de Defensa.
Una pescadilla que se mordía la cola, es decir, el Ayuntamiento le reclamaba un certificado sobre su invalidez que tenía que emitir la Junta y ésta, a su vez, no se lo daba porque entendía que le valía con el que tenía de Defensa. Al final, cada año tenía que hacer frente al pago del ITVM. “El problema aquí es que una ley pisaba a la otra y al final el Ayuntamiento siempre mostraba el mismo afán recaudatorio, sin mirar el bienestar del ciudadano”, afirma el afectado.
Pero Javier no se dio por vencido e inició una batalla legal que le costó 700 euros de su bolsillo y que, sin embargo, perdió ante la Justicia con una sentencia en firme que, además, dejaba sin efecto retroactivo la opción de recuperar el dinero que había pagado de impuestos por su coche durante estos seis años -en torno a 140 euros anuales-.
Pese al varapalo en los tribunales no desistió y en 2014 puso su caso en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz. Empezó a ver la luz al final del túnel. Y es que el Defensor del Pueblo Andaluz emitió este año 2015 un informe no vinculante recomendando a la Junta que equiparase el certificado de invalidez emitido por el Ministerio de Defensa, recomendación que la Administración autonómica finalmente aceptó. A finales del pasado mes de diciembre de 2015 acudió al Consejo de Valoración en Cádiz, donde se le dio el nuevo certificado y, tras entregarlo en el Ayuntamiento isleño, quedará exento de pagar dicho impuesto para el resto de su vida.
Javier Baeta sabe que, con este cambio de postura, se abre una veda cuando menos interesante y que se le puede volver en contra incluso al Ayuntamiento isleño, puesto que a nadie escapa la amplia población militar que hay en San Fernando y que, como Javier, muchos de ellos también pueden padecer algún tipo de invalidez.
“Hasta 3.000 casos hay pendientes”, indica este ciudadano isleño, quien ha salido a la palestra para dar a conocer su logro porque “mi intención es que la opinión pública sepa cuál ha sido la postura que ha manteniendo y sigue manteniendo el Ayuntamiento en estos casos, con independencia del color político, y también porque me lo he ganado y para que quien esté en mis mismas condiciones y haya decidido tirar la toalla, que sepa que ya es posible y sólo tiene que ir al Centro de Valoración en Cádiz para conseguir el certificado”.
Sabe que su dinero no lo va a recuperar, pero “me conformo con que de ahora en adelante sé que se van a respetar mis derechos como ciudadanos”.
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