Las principales cuitas de los dos partidos de la oposición y de sus respectivas portavoces entonces, el Partido Popular con María del Carmen Pedemonte y el Partido Socialista, con María Jesús Castro Mateos, eran tanto la merma en la oferta hotelera de la ciudad que pudiera provocar el mal uso como la pérdida de puestos de trabajo que ese mal uso ocasionaba. Hay que señalar al respecto que los números estaban entre las 150 y 170 personas, para algunas de las cuales la operación podría suponer un problema laboral en ciernes.
No hay que olvidar tampoco que las declaraciones de la oposición estan condicionadas, en el mes de febrero de 2004, por las del entonces delegado de Urbanismo, Fernando Rodríguez Moreno, quien aseguraba que el Ayuntamiento haría “todo lo posible” para mantener el uso hotelero y “que no se le pase a nadie por la cabeza que aquello se puede recalificar”, ni siquiera si se origina un problema social.
PSOE, contundente
De la misma forma y con la misma contundencia se pronunciaba el PSOE de San Fernando, a través de su portavoz. Castro mostró su “preocupación” por la perdida de uso hotelero que podría derivarse de la venta de los apartahoteles de Bahía Sur y manifestó que una ciudad que aspira a regenerar su economía gracias a la industria turística “no puede permitirse el lujo de perder unas instalaciones hoteleras de primer orden máxime cuando son los únicos apartahoteles que existen en San Fernando y de los pocos que funcionan durante todo el año en la Bahía de Cádiz”.
Respecto a las declaraciones del Gobierno municipal isleño para rescatar la concesión otorgada en su día a la empresa encargada de gestionar el futuro de los apartahoteles, en el caso que fuera necesario, Castro subrayó el apoyo de los socialistas a cuantas medidas se lleven a cabo para impedir otro uso distinto al consolidado e impidan a su vez el crecimiento turístico de San Fernando.
En cuanto a los populares, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Carmen Pedemonte, recordó que su grupo ya había hecho una pregunta al equipo de gobierno interesándose por la cuestión y manifestaba que “no lo puedo entender, por muy legal que sea, porque se distorsiona el sentido hotelero del complejo”.
La portavoz del Partido Popular dijo que lo único claro en este asunto es que el complejo “tiene que seguir siendo hotelero” con todas las plazas y hasta el fin de la concesión del derecho de uso, a la vez que mostró su preocupación por la situación en que se pueden encontrar los trabajadores del hotel ante una posible disminución de las plazas hoteleras.
“Con lo que se ha publicado, la situación ya es lo bastante preocupante, pero lo puede ser más si se confirman los peores augurios”, por lo que los populares se mostraron conformes en apoyar todas las acciones que se llevaran a cabo desde el Ayuntamiento para evitar la mínima pérdida en la oferta hotelera de la ciudad.
Y en 2005, más de lo mismo
Unas acciones que a la vista de lo ocurrido en 2005 no sirvieron de mucho, cuando ya era evidente la situación de ocupación de parte de los apartamentos, lo que obligó de nuevo a PSOE y PP a intervenir, en este caso obligando a la Gerencia de Urbanismo a encargar unos estudios jurídicos sobre la situación del complejo.
El entonces ya portavoz del grupo municipal del PSOE, Fernando López Gil, consideró “un disparate” haber permitido la operación de compra y aseguró que la consolidación del complejo como zona residencial es “un paso atrás” en las aspiraciones de la ciudad de competir con el resto de los destinos turísticos de la Bahía.
Más contundente fue la portavoz popular, Carmen Pedemonte, el 18 de noviembre de 2005, cuando aseguraba que Urbanismo “ha estado mirando para otro lado” y que el peligro de que la zona hotelera se consolidara como residencial “se estaba viendo venir porque la gente no se trae sus pájaros y sus plantas para estar un mes en un hotel”, en referencia al reportaje publicado por este periódico.
Pedemonte dijo que el informe que la Gerencia se comprometió a hacer en 2005 “ya debería estar hecho” desde los inicios de la operación y además, aplicado a rajatabla.
Oleguer Pujol, desde el activismo político al mundo de las empresas
En la edición anterior se hacía mención a casi todos los hermanos Pujol Ferrusola, según lo publicado en la prensa nacional, cuya vida y obra se puede conocer en un libro publicado por los periodistas Félix Martínez y Jordi Oliveres en 2005 que desvela aspectos del ex president de la Generalitat de Catalunya bajo el título Jordi Pujol. En nombre de Cataluña.
Faltaba un nombre en esa lista que se publicaba en 2003, justo cuando se estaba realizando la operación de compraventa del complejo Bahía Sur y en medio de una campaña electoral, la de las elecciones catalanas del 16 de noviembre, en las que Pujol ya no iba como candidato pero seguía siendo la referencia de Convergencia i Unió (CiU).
Se trata del más pequeño de la zaga Pujol Ferrusola, Oleguer, precisamente el encargado en la sombra de la operación de Bahía Sur como representante en España de la empresa Cargill. Hay que recordar lo que ya publicaba este periódico en días pasados sobre la investigación llevada a cabo entre 2003 y 2005.
La empresa norteamericana Cargill era la que amparaba la operación especulativa del complejo hotelero de Bahía Sur, aunque esta operación se hizo a través de Legar Company, una compañía “cien por cien Cargill”, según decía Elías Rodríguez-Viñas.
Las actividades en este campo del hijo más joven del matrimonio Pujol-Ferrusola están plagadas de operaciones de este tipo, partiendo de empresas que por algún motivo inician una desinversión, y una de las más sonadas y en cierto modo parecida a la de Bahía Sur (Grubarges lo que buscaba era precisamente una desinversión que propiciara la salida de FCC y BBVA y la reagrupación del Grupo Barcelo), fue la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander en España por 2.040 millones de euros.
En este caso, el joven Pujol trabajaba con Luis Iglesias y la firma compradora era Drago Real Estate Partners, gestionado por la firma española Mare Nostrum, y los fondos británicos Sun Capital Partners y Pearl Group. En ambos caso se trata de dos fondos especialistas en compra de activos en quiebra y su posterior reflote. La operación en cuestión es del año 2007 y el Banco Santander seguiría ocupando todos los locales a través de un acuerdo de alquiler.
Activista político en su juventud
Sin embargo, Oleguer Pujol Ferrusola no es sólo -y a la vista de los resultados- un experimentado hombre de negocios a sus 37 años. El hijo menor del presidente de la Generalitat, que cuenta con un master en Dirección de Empresas, fue uno de los impulsores de la campaña Freedom Catalonia (Libertad para Cataluña) que se desarrolló antes de los Juegos Olímpicos del 92, celebrados en Barcelona.
Fue acusado de ser uno de los participantes en el boicot al Rey Juan Carlos I en la inauguración del Estadio Olímpico. Durante la campaña electoral de 1995, Joaquim Nadal sugirió que el Cesid investigó a Oleguer por su activismo independentista, según recogía El Mundo en 1999, en un artículo también firmado por Félix Martínez.
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