La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.
Al hilo de esta situación, ha conocimiento, a través de los medios de comunicación, de los trabajos de adecuación de edificio para albergar la sede judicial de San Fernando (Cádiz) que, supuestamente, vio retrasada la concesión de su licencia de obras por no cumplir los requisitos exigibles en la normativa sobre seguridad contra incendios y emergencias.
"Si bien las manifestaciones consultadas aducen que se trata de un trámite que está en vías de subsanarse, ciertamente nos encontramos ante una situación merecedora de una atención singular por la entidad de los valores protegibles, así como por la naturaleza del uso que se va a otorgar a este edificio, situado en la Calle Real 229, de la localidad isleña", señalan desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
Para conocer con todo el detalle la situación descrita decidió incoar a finales del pasado mes de junio una queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Justicia e Interior.
En concreto lo que pretenden conocer es; el destino que se va a otorgar al edificio sito en calle Real 229 de San Fernando; la situación de los trámites de licencia de obras y, en su caso, de los trámites de adecuación del proyecto a la normativa de prevención de incendios y otros riesgos análogos. Especial referencia a las normas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas; calendario de las obras y de su finalización; y fecha estimada de puesta efectiva de funcionamiento de la sede judicial.
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