CCOO Cádiz denunciará a Defensa ante la Inspección de Trabajo debido a que personal propio ha empezado hoy a realizar las labores de limpieza de las dependencias afectadas por la huelga indefinida de la plantilla de Cleanet. Para el sindicato, es “inadmisible” que Defensa haga el “trabajo sucio” de una contrata que no paga a su plantilla con el único objetivo de minimizar las consecuencias del paro..
Las trabajadoras de la limpieza en las dependencias de Defensa en San Fernando están en huelga desde el lunes 20 de octubre para reclamar pago de la nómina de septiembre y el aumento del personal fijo por parte de la empresa Cleanet. El paro afecta al Arsenal Militar de la Carraca, INVIFAS, Capitanía, Reclutamiento, el Centro Deportivo y Sociocultural de Marinería (CDSCA) El Castillito, entre otras dependencias
Durante la primera jornada de huelga en San Fernando, la empresa abonó por la tarde el mes de agosto a toda su plantilla en la provincia de Cádiz, pero no estableció un calendario de pago para el mes de septiembre. Además, tampoco ha dado su brazo a torcer sobre una de las principales reclamaciones de las trabajadoras, el aumento del personal fijo. La empresa mantiene actualmente a una sola trabajadora indefinida, aunque a tiempo parcial, en cada centro de trabajo a modo de responsable. El resto de la plantilla se compone de personas contratadas por pocos meses.
Cleanet es adjudicataria del servicio de limpieza de las instalaciones de Defensa en la provincia. Además de los impagos, incumple el convenio en lo relativo a horas de trabajo y en días libres o vacaciones, las condiciones laborales son precarias y no está aplicando el convenio colectivo del sector de la provincia, según denuncia CCOO.
Cleanet, junto con otras dos empresas, fueron contratadas el mes de marzo de 2013 para hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones del Ministerio de Defensa, un contrato que salió licitación por 95,6 millones de euros. A Cleanet le correspondieron tres de los lotes (por un importe de 5,4 millones), uno de ellos el correspondiente a las provincias andaluzas, extremeñas y a Murcia. El contrato tiene una duración de dos años, prorrogable por otros tantos. Los problemas de impagos comenzaron apenas dos meses después de la firma del contrato y la propia empresa ha reconocido que tiene problemas de financiación.
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