Puestos a incumplir, qué más da otra para poner en un brete a la Delegación Provincial de Turismo de la Junta y por supuesto, al Ayuntamiento de San Fernando que lleva ya muchos años en evidencia.
La regulación de 2010 y 2011 de la Junta de Andalucía sobre el uso de los apartamentos turísticos obliga al Principio de Explotación Única y de ese principio no se salva Complejo Bahía Sur SL (CBS), la empresa que gestiona las unidades de alojamiento del complejo hotelero de Caño Herrera.
En dicha regulación, Turismo le concede un plazo de 4 años al hotel (hasta el 12 de mayo de 2014) para recuperar y conseguir la explotación única del complejo; es decir el cien por cien de las unidades bajo su control.
Según el certificado emitido por Turismo el pasado mes de junio, actualmente no llegan ni el 50 por ciento de la gestión de todos los apartamentos. Sin embargo, se les permite desde Turismo de la Junta de Andalucía seguir con la explotación y “con el acoso a los propietarios que paulatinamente van dándose de baja en la sociedad CBS, gestionada por Elías Rodríguez Viñas, cuyo representante en Cádiz es Juan Carlos Soriano”.
Quien hace esas declaraciones es Pilar Azcárate Goded, presidenta de la subcomunidad de estudios del complejo hotelero de Bahía Sur, quien junto con otros propietarios inversores ha presentado una denuncia contra Complejo Bahía Sur SL ante la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Cádiz por vulneración del principio de Unidad de Explotación que marca el Decreto 194/2010 de 20 de abril de Establecimientos Turísticos.
La denuncia, obviamente, se acompaña de un certificado emitido por la propia Delegación Territorial en el que queda claro que a fecha de 11 de junio de 2014 sólo hay dadas de alta 161 unidades de las 328 de que consta la zona hotelera anexa al edificio del hotel sin que conste que las que están dadas de baja estén en obras.
Hay que recordar que el complejo - aparte del hotel- cuenta con 88 apartamentos y 46 duplex; 52 estudios y 142 bungalows. Parte de estos últimos son propiedad de Elías Rodríguez Viñas y otra parte de Oleguer Pujol, el hijo pequeño del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y ahora de plena actualidad -su padre y él- por presunto fraude a Hacienda (el padre) y el pelotazo de las oficinas del Banco de Santander (el hijo).
Fuera de norma e ilegal
Los denunciantes estiman que una vez que Complejo Bahía Sur SL no ha cumplido con la unificación antes del 12 de mayo de este año, que era la fecha límite, está desarrollando una actividad comercial “fuera de norma, e incluso ilegal, provocando un perjuicio para los usuarios de los apartamentos turísticos y para los inversores que ceden sus unidades a la referida mercantil siendo ajenos al incumplimiento del Principio de Unidad de Explotación”.
La dificultad para unificar todo el complejo viene de lejos y sobre todo de la imposibilidad de crear una nueva gestora capaz de aunar voluntades, ya que el Ayuntamiento sólo reconoce como concesionario a CBS y a la vez no está en disposición de rescatar el complejo por incumplimiento del concesionario.
Más de la mitad de los propietarios comenzaron a actuar por su cuenta al no recibir beneficio alguno por su inversión y sin embargo, sí los gastos propios de este tipo de edificios. “Actualmente hace ya más de cinco años que esta empresa única gestora , en cuyo contrato consta que semestralmente presentara cuentas y pagará beneficios, ni presenta cuentas ni paga beneficios en su momento y tiempo, ni siquiera paga lo mismo a todos los propietarios”, dice Azcárate.
Los propietarios culpan también a Turismo y al Ayuntamiento, que “mediante la técnica de no mirar permiten el total abandono de las instalaciones, que ya han bajado de categoría de 3 a 2 llaves en los apartamentos por la Delegación Provincial de Turismo, después de varias inspecciones y reclamaciones de clientes”.
Desde ambas administraciones, no obstante, se ha intentado sancionar varias veces a CBS por la falta de mantenimiento de las instalaciones sin mucha más trascendencia. Incluso hay una denuncia del comité de empresa ante el Ayuntamiento en materia de seguridad (registro del 5 de noviembre de 2012) a la que ni siquiera se ha dado curso. “Ellos todo lo superan y siguen jugando con los más indefensos, los propietarios y los clientes”, dice la presidenta de Estudios.
“Estaría bien que tanto Sanidad, Inspección de Trabajo, como Industria, hicieran una visita por las instalaciones , sin avisar, pedir certificados de las inspecciones ordinarias y obligatorias, puesta a punto de las instalaciones y OCA, pedir documentos e intervenir, más cuando ya sabemos que de nuevo en noviembre cierra el hotel”, dice Azcárate.
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