La Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la Junta de Expurgo, ha eliminado 111.281 expedientes judiciales antiguos y sin valor de los juzgados de Cádiz guardados en 2.146 cajas, con el objetivo de liberar espacio en los archivos.
La Junta indica que esta actuación es fruto del acuerdo adoptado por la Junta y el TSJA para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de interés para ser conservada y procedente de los órganos judiciales de Cádiz.
Los expedientes destruidos proceden de los juzgados de Primera Instancia número 1, 2 y 4 y de Instrucción 1, 3 y 4 de la capital, y de Primera Instancia e Instrucción 3 de San Fernando, y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.
Desde la Junta se ha asegurado que este proyecto "pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".
A lo que se añade que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen ningún valor ni interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios".
Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.
Junta de Expurgo
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Archivos de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
La Junta ha reconocido "la gran labor e implicación de los secretarios judiciales en el desarrollo de esta iniciativa", así como "el trabajo de los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior".
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, "que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración". De esta forma, "se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural".
El TSJA ha valorado "positivamente" la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado "la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior".
Por último, se ha subrayado que "el nuevo modelo de gestión documental que se está impulsando se inserta en la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de ir avanzando hacia una progresiva eliminación del papel".
Sistema pionero
La Junta ha comenzado a implantar una aplicación informática, denominada 'Jara', que permite gestionar adecuadamente la documentación judicial, así como la realización de las propuestas de eliminación a la Junta de Expurgo.
El proyecto 'Jara' es un sistema para mejorar la gestión de la documentación judicial que permite el control y acceso desde su producción hasta su eliminación o conservación permanente. 'Jara' es "una aplicación web sencilla y de fácil manejo, accesible a través del Escritorio Judicial, que permite la creación de varios perfiles según las tareas encomendadas y que automatiza funciones claves entre el órgano judicial y el archivo de la sede judicial, como son las transferencias, el servicio de préstamos o los envíos a la Junta de Expurgo".
Los proyectos para mejorar la gestión de los archivos judiciales que está impulsando el Gobierno andaluz están sirviendo de referencia a nivel nacional, donde está liderando un grupo de trabajo en esta materia dentro del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (Cteaje), órgano en el que están representados el Gobierno central, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias de Justicia.
Los contenidos y ventajas del programa de gestión de archivos judiciales están sirviendo de modelo y su experiencia será exportada al resto de España para su futura implantación. Andalucía se ha convertido así en una de las comunidades autónomas pioneras en la implantación de la gestión documental en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo objetivo fundamental es normalizar y racionalizar el volumen documental que produce y prestar un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía.
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