El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz y la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y AA.EE del PP-A, Alicia Martínez, junto al presidente de la Diputación y alcalde de San Fernando, José Loaiza, han mantenido una reunión con alcaldes, portavoces y concejales del PP de municipios del Litoral gaditano, para analizar el conjunto de alegaciones que los municipios del Litoral de la provincia de Cádiz van a presentar contra el plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía que, sin diálogo, por imposición y de manera sectaria, la Junta de Andalucía ha presentado.
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y AA.EE, Alicia Martínez ha manifestado que todas estas iniciativas se llevan a cabo con el objeto de defender los intereses de los afectados por este decreto que son todos los andaluces.
Este Plan afecta directamente al empleo y al desarrollo turístico del litoral andaluz y gaditano, un recurso de más de 1.100 kilómetros de costa en toda Andalucía, que tiene que ser protegido medioambientalmente de forma sostenible pero que tiene que ser un recurso a disposición de todos y cada uno de los andaluces, a disposición de la creación de empleo y de riqueza y, a disposición de la utilización del mismo como motor del desarrollo de nuestra comunidad autónoma.
Asimismo, Martínez ha explicado que muy especialmente la provincia de Cádiz es un muestrario de lo que ha sido un auténtico descontrol urbanístico de las políticas de la Junta de Andalucía, en relación con la ordenación del territorio y al urbanismo.
La dirigente popular denuncia además, como el Gobierno andaluz no se ha preocupado nunca por gestionar ni controlar un desarrollo sostenible del litoral de la provincia de Cádiz.
Tras la aprobación de este decreto, el PP ha llevado a cabo un trabajo con el objeto de recurrir lo que "desde nuestro partido consideramos que es un atentado a la autonomía local y una provocación a los municipios gaditanos y andaluces y, muy especialmente, a los alcaldes del PP que tienen responsabilidades de Gobierno en los muchos municipios de la Costa de Andalucía".
La dirigente popular ha explicado que el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que lo plantearon las diputaciones provinciales, actuando en defensa de los municipios de la provincia de Cádiz, en este caso. A este respecto ha detallado que han tenido conocimiento que el TC ha admitido a trámite el recurso del PP, por lo que se reconoce que hay fundamentos en lo que el Partido Popular aprecia que es la invasión de competencias de la Junta de Andalucía en competencias que son exclusivamente municipales, como es la potestad de planificación del urbanismo de cada municipio.
Asimismo, Alicia Martínez ha afirmado que el PP va a seguir trabajando porque la aprobación del Plan se ha hecho sin la participación de los ayuntamientos, sin el diálogo, sin el consenso y haciendo oídos sordos a las muchas alegaciones previas que muchos ayuntamientos de la provincia de Cádiz han presentado al mismo y que ni siquiera han tenido respuesta por parte de la Junta.
La dirigente popular denuncia que ha sido un plan absolutamente improvisado, falto de diálogo y consenso, puesto sobre la mesa de los ayuntamientos andaluces sin opciones de ningún tipo. Por eso, desde el PP ahora, "vamos a formular alegaciones a este plan en el plazo y forma que corresponde, y lo vamos a hacer desde todos los municipios porque realmente creemos que nos sentimos afectados, lo haremos desde las diputaciones, así como también lo haremos como grupo parlamentario y como PP de Andalucía".
Martínez resalta que, desde el PP se considera como un plan anticonstitucional, porque deriva de un decreto que es inconstitucional y así lo denunciamos y ahora ha sido admitida a trámite, por ello pedimos la retirada de este Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
Asimismo, pide su retirada porque supone un escalón más de la inseguridad jurídica que afecta al urbanismo de la comunidad autónoma. En este sentido ha hecho alusión al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fernando, en el que se lleva trabajando diez años y que ahora con el plan va a tener que volver a modificarse, después de tantos años de trabajo. Pero además, también se van a ver afectados los Planes de Ordenación Territorial (POT) recientemente aprobados en la provincia de Cádiz, que defienden la sostenibilidad medioambiental del litoral gaditano y que ahora quedan sin efecto.
La dirigente popular ha manifestado que también recurrirán y alegarán este plan por considerarlo totalmente aleatorio porque no concreta el ámbito de actuación. No solamente se refiere a determinados ámbitos de suelo urbanizable que estén pendientes de urbanizar, sino que limita las posibilidades de desarrollo del municipio en su totalidad. En definitiva, no establece un ámbito específicamente definido. Además, detalla Martínez, suspende los planeamientos vigentes y obliga a los ayuntamientos a reformarlos.
En definitiva, se trata de un plan que no plantea una programación de actuaciones, ni prioridades en las mismas y, por supuesto, no tiene estudio económico para hacer frente a las actividades y prioridades que se pudieran determinar del mismo y que pudieran ser vinculantes.
A su juicio, "estamos ante un nuevo ejemplo de política de confrontación de la Junta contra la autonomía local y muy en oposición desde el Gobierno andaluz a los ayuntamientos del Partido Popular".
"Por ello, pedimos a la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, que haga valer ese eslogan que ha hecho suyo de ‘nuevo tiempo para Andalucía’ y que retire este Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía porque supone un ataque frontal a la autonomía local y un retroceso para el desarrollo de la costa y un freno absoluto a las políticas que, por parte del Gobierno de la Nación se están poniendo en marcha para la generación de empleo, como puede ser la Ley de Costas, en lo que significa su implantación en Andalucía, que sí que da seguridad jurídica a los municipios andaluces".
Dañino
Por su parte, el presidente del Pp de Cádiz, Antonio Sanz, ha calificado este plan como una decisión dañina para la provincia. Con este decreto, matiza, la Junta pone en peligro unos 10.000 empleos en la provincia y se quiere poner freno al desarrollo económico y al turismo.
Se trata de un decreto que puede causar un daño irreparable a la provincia y que crea una inseguridad jurídica inaceptable, para lo que representan futuros inversiones y creación de empleo. Por tanto es un decreto que va en contra de la provincia de Cádiz, porque daña al eje principal de desarrollo y de creación de empleo de la provincia, como es el turismo.
Sanz detalla que serán en torno a una treintena de alegaciones las que presenten catorce municipios de la provincia contra este decreto, al que se unirán muchas más de otros municipios y colectivos y asociaciones de la provincia.
El Puerto, explica el dirigente popular, será uno de los municipios que presente alegaciones, por ser afectada por este decreto en zonas características como la Duna de San Antón, Parque Natural Bahía de Cádiz, la zona próxima a la Venta El Maca, o el Coto de la Isleta.
San Fernando por su parte, también presentará alegaciones, tanto de trámite como referidas a la zona; Vejer en cuanto a ordenación de viviendas y a la zona del Palmar; Algeciras, donde la zona de servicio portuario se ve también afectada; así como también en Rota, Chiclana, Tarifa, Sanlúcar, Conil, Barbate, Puerto Real, San Roque, Los Barrios y Cádiz.
En todas estas alegaciones, explica el presidente de los populares gaditanos, lo que se denuncia es una invasión de competencias municipales, con un intervencionismo extremista por parte de la Junta de Andalucía, que va contra el turismo y el empleo en la provincia de Cádiz.
Se trata, manifiesta Sanz, de un montante importante de alegaciones, dentro de un planteamiento político global que se está llevando a cabo desde el PP-A en contra de este decreto.
Por su parte, el alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación provincial, José Loaiza, ha explicado que, San fernando, al ser una isla, es de una gran singularidad en materia de litoral y, por tanto, debe ser excluido de este decreto, ya que quitan en su totalidad zonas como Punta Cantera o el desarrollo de Camposoto.
Loaiza ha calificado el Decreto del Litoral como un ataque directo de la Junta a la ciudad de San Fernando y, además, ha explicado que esto va a costar dinero, que van a tener que pagar los isleños con sus impuestos, algo que, asegura, no está dispuesto a consentir.
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