San Fernando

Saltan las alarmas con los terrenos de Camposoto y Los Polvorines

El nuevo Decreto de Ley de Protección del Litoral publicado por la Junta les da un grado de protección 2. Loaiza confía en que se dé marcha atrás y desde el PSOE se asegura que ambos entran dentro de las "excepciones" que contempla el documento.

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  • Vista aérea de Polvorines. -

El nuevo Decreto Ley de Protección del Litoral publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha hecho saltar las alarmas en el equipo de gobierno porque incluye con un grado mínimo de protección 2 a los terrenos de Camposoto y Los Polvorines, o lo que es lo mismo, que dos de las bolsas de desarrollo de futuro de San Fernando se pueden ver amenazadas.

De momento el documento impulsado desde la Administración autonómica se encuentra en fase de exposición pública y de audiencia para las administraciones locales, que tienen de plazo hasta el próximo 31 de octubre y el alcalde, José Loaiza, ya ha señalado que se alegará.

De todas formas, el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, comentó en la mañana de este martes en la capital que se dará marcha atrás en el caso de San Fernando.

El primer edil confía en que esa "marcha atrás" sea una realidad porque en caso contrario "supondría un torpedo en la línea de flotación del futuro de San Fernando. Esperemos y confiemos en que se arregle".

Por su parte, la portavoz del PSOE de San Fernando, Patricia Cavada, afirma que "no hay que alarmarse", porque dentro de que ambas bolsas de suelo tienen una consideración de protección de nivel 2 también se incluyen una serie de "excepciones" para aquellos terrenos que "colinden con suelo urbano y no haya otras bolsas de desarrollo", como es el caso concreto de San Fernando.

El hecho de que tengan consideración de protección de nivel 2 implicaría que los proyectos que se podrían llevar a cabo en ellos serían de tipo hotelero, turísticos y zonas de deportes y ocio.

De todas formas, el PSOE está dispuesto a "colaborar" con el equipo de gobierno para analizar todos los pormenores del Decreto y, si es necesario, presentar también alegaciones.

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