Entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía hay un problema de cifras, lo cual no es nuevo. Hay que recordar que ese mismo problema fue el que en 1999 motivó la ruptura del convenio de uso conjunto del centro entonces de la Marina, ese que contemplaba los servicios de Maternidad, santo y seña de las reivindicaciones de algunos reducidos grupos de isleños agrupados en plataformas efímeras.
En aquella ocasión ocurrió lo mismo que ahora, que la Junta de Andalucía no reconocía una deuda de 500 millones -de pesetas en ese tiempo-, tres millones de euros de ahora, fruto de las distintas valoraciones de determinados servicios prestados por Defensa al Servicio Andaluz de Salud (SAS).O sea, que existían dos baremos a la hora de valorar tales servicios.
Un calco de lo conocido esta misma semana, cuando lo anunció la Consejería de Salud de la Junta, a pesar de que esa discrepancia estaba en manos del SAS desde finales del mes pasado.
Elementos distorsionadores
Pero circunscribir la negociación sobre el uso compartido del Hospital General de la Defensa o de la cesión de éste a la Sanidad pública con todos sus pertrechos -incluida la propiedad del suelo-, sería excesivamente simple cuando existen otros elementos que pueden estar distorsionando las conversaciones -que existen, porque están atestiguadas documentalmente y esos documentos obran en poder de este periódico- y dificultando una salida.
Evidentemente, el problema, desde la primera lectura, está presuntamente en las distintas valoraciones de los servicios que pretende la Junta. Ésta dice que cuestan 11 millones de euros, excluyendo las mejoras que hubiera que hacer en el centro, mientras el Ministerio de Defensa los cifra en 20 millones. O los cifraba en los últimos días de diciembre, por lo que no se entiende que la consejera haya tardado tanto en comunicar el desacuerdo.
A esos 20 millones, Defensa suma el 8 por ciento de mantenimiento anual, 1,6 millones de euros, lo que supondría 21,6 millones por los servicios solicitados, más otros 5,5 millones de euros para acometer las obras necesarias en el centro y adaptarlo a todo lo exigido. En total, un poco más de 27 millones de euros y el resto, los servicios que seguiría prestando el hospital a sus beneficiarios, lo abonaría Defensa.
Eso, vista la propuesta de la Junta de Andalucía en la que decía que hasta 2014 no podría firmarlo si para entonces tenía 11 millones de euros -no 27 millones- es dinamitar la negociación cuando Defensa exige al SAS que firme el convenio en este trimestre, de forma que entre en vigor el 1 de enero de 2014. O sea, al día siguiente de que Defensa no tenga presupuesto para el hospital.
El por qué existe tanta diferencia en la valoración de los servicios según esa valoración la haga Defensa o la Junta se escapa a quien no sea un técnico en la materia, pero casi un 50 por ciento de diferencia se antoja demasiada si las dos partes están hablando de lo mismo. Y mucho más si las dos partes se dedican a prestar los mismos servicios.
Fuente de riqueza
A nadie se le escapa que un hospital -lo dice la plataforma por el uso compartido- es una fuente de riqueza para una ciudad, con lo que el acuerdo para el uso de San Carlos sería una inyección económica para toda la zona, amén de las empresas suministradoras que se beneficiarían. Obviamente, en detrimento de la ciudad de Cádiz.
En el caso de San Fernando, su alcalde, José Loaiza, consciente de todo ello, ha manifestado que luchará para que el convenio se firme y el Hospital San Carlos pueda ser utilizado por los isleños. O sea, la actitud que debe tener un alcalde. O una alcaldesa.
Luego está otra cuestión que parte del año 2004, cuando desde la Junta comenzó a hablarse de un nuevo hospital para Cádiz, en plena vorágine electoral, y que ocho años después ha dicho que no va a construir porque no tiene dinero ni la venta del suelo del Hospital Puerta del Mar va a ayudar a sufragarlo, visto cómo está el mercado de la construcción.
Desde la Zona Franca se viene presionando a la Junta para que comience las obras, aunque sea por fases, porque es un proyecto “fundamental para la ciudad de Cádiz”. O incluso reduciendo el proyecto anterior de 740 habitaciones con un coste de 198 millones de euros.
Inversión en suelo
Hay que recordar que la Zona Franca fue la encargada de comprar en 11 millones de euros los terrenos donde estaba antes Construcciones Aeronáuticas, una inversión muerta por cuanto no sólo está mal el mercado para amortizarla, sino que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz califica el suelo de uso sanitario, exclusivamente.
Todo eso choca con una realidad indiscutible. Todo lo que se ha hablado del nuevo hospital de la Zona Franca está en un convenio entre el Consorcio Estatal y la Junta, pero nunca ha habido planos sobre planos ni partidas presupuestarias para realizarlo, lo que pone en duda si el proyecto ha sido al menos una voluntad política o sólo un reclamo electoral.
Esa misma realidad, sin embargo, sí ha hecho que la Junta vuelva sus ojos al Hospital San Carlos ante el colapso de los servicios, igual que Defensa ha ofrecido a la Junta soltar el lastre de un hospital que ya no es estratégico y que los recortes presupuestarios le impiden mantener. Pero a la vista de la tarifa, quizá resultaría más barato concertarlo con un privado.
De esta forma, en la misma olla a presión se encuentran tanto la Junta como Defensa, las ciudades de Cádiz y San Fernando, la Zona Franca y su inversión, y por supuesto, la plantilla del hospital, sobre todo la civil. Cada una de las partes con sus necesidades... y sus miedos.
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