El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado por razones de "técnica presupuestaria" su decisión sobre la indemnización que reclama su ex presidente, Carlos Dívar, hasta que el Ministerio de Hacienda le responda si amplía su crédito para hacer frente a este pago.
El Pleno extraordinario celebrado este lunes no ha entrado a debatir sobre el derecho de Dívar de percibir una indemnización de 208.243 euros en su condición de exalto cargo del Estado, lo cual "no supone pasar la patata caliente a Hacienda", según ha manifestado el nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner.
"La patata caliente la tenemos nosotros", ha asegurado Moliner, que ha explicado en rueda de prensa que el Ministerio tiene que responder si amplía el crédito para afrontar el pago correspondiente a 2012, el cual no estaba previsto en los presupuestos del presente ejercicio y ascendería a 44.623 euros.
"Se ha pedido esta dotación presupuestaria, lo cual no impide que se debata el tema de fondo", ha afirmado Moliner, para añadir que el Pleno ha asumido el informe emitido por la Comisión Presupuestaria, "sin prejuzgar el derecho" de su antecesor a recibir la pensión indemnizatoria.
Los 20 vocales entrarán en el fondo de la cuestión en el primer pleno que se celebre tras la respuesta de Hacienda. "No podemos debatir sobre un tema del que no tenemos posibilidad de decidir", ha añadido.
Al ser preguntado si mantiene que el CGPJ incumpliría la Ley en caso de que denegara a Dívar su indemnización, ha respondido que se pronunció así en un momento en el que no tenía noticia de este tema. "Me atendré a lo que decida el Pleno y me reservo la posibilidad de mantener o cambiar mi opinión", ha añadido.
El Pleno ha tenido sobre la mesa el informe de la Comisión de Estudios que, con tres votos a favor, daba el visto bueno a la solicitud cursada por Dívar, quien dimitió el pasado 21 de junio a raíz de la polémica suscitada por los gastos de sus viajes cargados al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.
Dívar recibía una cantidad de 130.152 euros brutos al año como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. En calidad de ex alto cargo, tendría derecho a percibir una indemnización del 80 por ciento de sus retribuciones durante un plazo máximo de 24 mensualidades, a razón de 8.676 euros por mes, tras lo cual pasaría a recibir su pensión por jubilación.
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